Ingresos fiscales por litio en Chile

• A partir de la negociación de los contratos de Albemarle (2016) y SQM (2018), el Estado de Chile logra una mayor participación en la renta a través de la fijación de regalías variables e incrementales; descentralización presupuestaria mediante aportes directos a favor de los Gobiernos subnacionales; participación de las comunidades cercanas a los procesos productivos a través de transferencias de recursos que reciben directamente de las empresas productoras; incentivos para las cadenas productivas de agregación de valor del litio; y recursos financieros para la innovación, la investigación y el desarrollo que son canalizados a través programas de inversión de la Corporación de Fomento de la Producción (Corfo).
• En 2022, el litio se convirtió en el principal producto de exportación no cobre de Chile pues generó USD 8546 millones en exportaciones y se posicionó como un componente clave en la economía del país, llegando a representar más de un 8 % de las exportaciones totales. En los últimos tres años, el mercado del litio ha experimentado fuertes cambios a nivel mundial. Se estima que, entre 2021 y 2022, el precio del carbonato de litio se multiplicó por cuatro. Durante 2023, sin embargo, el precio del carbonato de litio ha registrado un descenso de un 67 % en su precio.
• En 2022, los ingresos fiscales recaudados por litio sumaron más de USD 5400 millones, considerando los pagos a Corfo, el impuesto específico a la actividad minera, los pagos de patentes mineras y las estimaciones de pagos por impuesto a la renta. Esto representó un 1,8 % del PIB y un 6, 9% de los ingresos fiscales de dicho año. En términos comparados, este aporte fue más del doble del aporte fiscal por cobre bruto efectuado por Codelco (Corporación Nacional del Cobre), que representó un 0,7 % del PIB.
• Entre 2012 y el tercer trimestre de 2023, el Estado ha recaudado más de USD 7300 millones por concepto de renta de arrendamiento de las pertenencias mineras (regalías). De estos, el 73 % corresponden a SQM y el 27 % a Albemarle. Del total de recursos, el 99,5 % en el caso de Albemarle y el 96,5% en el caso de SQM han sido pagados por estas empresas desde la negociación de los nuevos contratos en 2016 y 2018, respectivamente. Entre 2018 y 2022, SQM ha comprometido aportes con los Gobiernos subnacionales por un valor de USD 230 millones. De estos, el 77 % ha correspondido al Gobierno Regional de Antofagasta. Mientras tanto, las comunidades del salar de Atacama han recibido más de USD 86 millones de SQM y Albemarle, en ese mismo periodo. 
• En aportes para los proyectos de investigación y desarrollo (I+D), hasta noviembre de 2023, Corfo ha comprometido un total de USD 198 millones.
• El significativo aumento de los ingresos fiscales provenientes de las rentas de arrendamiento (regalías) del litio, observado sobre todo en los años 2022 y 2023, supone desafíos para la sostenibilidad de las finanzas públicas de Chile. Un primer paso de responsabilidad fiscal se dio en 2023, con la incorporación de esta nueva fuente de ingresos en la regla fiscal de balance estructural del presupuesto público del país. Sin embargo, todavía se pueden pensar en mejoras, entre estas, la incorporación de otras fuentes (impuesto a la renta e impuesto específico a la minería) dentro del total de recursos fiscales sometidos a la regla de prudencia fiscal.
• Este flujo adicional de recursos fiscales representa también retos respecto de las capacidades institucionales para el diseño, la ejecución y la evaluación de los programas y proyectos por ser implementados. El fortalecimiento de las capacidades de los Gobiernos subnacionales beneficiarios de los recursos es indispensable para lograr la calidad de las políticas públicas en cuanto a su efectividad, eficiencia y equidad.
• Pese a los avances logrados y a los esfuerzos de las empresas y del Estado en relación con la transparencia y el acceso a la información, existen brechas que impiden un acceso más efectivo a la información. Sin perjuicio de las políticas corporativas de rendición de cuentas y publicidad de la información de cada empresa, que difieren una de otra, y del alcance de cada uno de los contratos, se deberían evaluar reformas regulatorias que estandaricen los mecanismos de entrega y publicación abierta y sin restricciones de la información de las regalías (canon de arrendamiento), impuestos (renta, impuesto específico a la minería, patentes), aportes a Gobiernos subnacionales y comunidades, y aportes a programas y proyectos de investigación y desarrollo.
• El diseño e implementación de la Estrategia Nacional del Litio (ENL) se presenta como una coyuntura crítica para mejorar la gobernanza del litio en Chile en aspectos como el levantamiento y la publicidad de información ambiental, la participación ciudadana a través de los mecanismos de consulta previa e informada, y la creación de nueva institucionalidad con un rol más protagónico del Estado y de las organizaciones de la sociedad civil.

La extracción y aprovechamiento de minerales en América Latina es un tema en debate debido a la baja participación de los Gobiernos en la renta minera, la falta de progresividad en los impuestos y regalías, y la escasa transparencia en el uso de estos recursos. En este contexto, el litio ha cobrado especial relevancia en la última década debido a su rol en la transición hacia economías menos dependientes de los combustibles fósiles.

En América Latina, la notoriedad de este mineral alcanzó en un primer momento a los países que conforman el denominado “triángulo del litio”: Argentina, Bolivia y Chile, donde están concentradas las mayores reservas del litio del mundo; y, en los últimos años, ha ganado relevancia en países como México y Brasil, ambos poseedores de importantes reservas del mineral.

En el caso de Chile, este mineral es considerado estratégico desde 1970 y ha sido explotado exclusivamente por dos empresas privadas, Albemarle y SQM. Este mineral se ha regido por un régimen jurídico especial que lo excluye del marco normativo general de la minería, lo que permitió la negociación de nuevos términos de explotación entre el Estado chileno y estas empresas que incluyen obligaciones como el pago de regalías progresivas a favor de la Corporación de Fomento de la Producción (Corfo), aportes financieros a gobiernos subnacionales y comunidades, y apoyo a iniciativas de investigación y desarrollo. En 2023, el litio volvió a estar en la agenda política de Chile, con la publicación de la Estrategia Nacional del Litio y un aumento significativo de los ingresos fiscales provenientes de este mineral.

En este contexto, se busca comprender el comportamiento de los ingresos generados por la extracción y exportación del litio en Chile desde la vigencia de los contratos con Albemarle y SQM. La investigación se enfoca en determinar los ingresos fiscales generados en los últimos 10 años, el valor de los pagos realizados por las empresas a favor de Corfo, los Gobiernos subnacionales y las comunidades, y las principales líneas de gasto o uso de estos recursos.