La buena gobernanza de los recursos mineros y energéticos aún no es la norma a nivel mundial. A pesar de que muchos países cuentan con grandes reservas de minerales, gas y petróleo, existe una compartida incapacidad por transformar estos recursos en desarrollo sostenible. Esta “maldición” persigue especialmente a países en África, Asia y América Latina.
Para poder imaginar soluciones a los retos que compartimos recientemente se llevó a cabo el curso global Reversing the Resource Curse: Theory and Practice organizado por la Central European University y NRGI.
En el curso participaron 58 estudiantes, una mayoría de ellos provenientes de África. Desde América Latina y el Caribe participamos representantes de México, Colombia, Perú y Guyana. En este intercambio fue evidente que existen problemas globales propios de esta industria, pero también se hicieron evidentes las diferencias entre nuestras regiones.
Participantes de México y Colombia en el curso
En común compartimos dificultades para establecer objetivos claros de política económica que se reflejen en los contratos de extracción y comercialización beneficiosos para cada país; una mayor transparencia particularmente sobre grandes empresas nacionales petroleras; fortalecer el aparato público para poder gestionar recursos humanos y económicos que permitan aprovechar estas riquezas; diseñar claras políticas fiscales con objetivos de largo plazo que ayuden a manejar la volatilidad intrínseca de la comercialización de estos recursos; superar la permanencia de la corrupción (enquistada principalmente en empresas nacionales, pero también en empresas privadas) y mejorar el uso de la renta extractiva para combatir la pobreza y la desigualdad a nivel sub nacional.
América Latina presenta retos adicionales a esta lista que son menos discutidos políticamente y, por lo tanto, existe menos desarrollo institucional sobre ellos.
Los pactos en torno al calentamiento global y las medidas necesarias para combatirlo afectan directamente a la industria petrolera y del carbón. Por ejemplo, el Acuerdo de París señala que deben dejarse bajo el suelo la mayoría de las reservas conocidas de petróleo pues no podemos seguir quemando recursos fósiles. Al mismo tiempo, países como Alemania ya han anunciado que en pocos años dejarán de comprar carbón por ser una fuente altamente contaminante.
Los cambios en el mercado internacional de los hidrocarburos y el carbón significa para nosotros enfrentar la paradoja de los “stranded assets” (o activos varados). Los países más afectados por este proceso son Venezuela, México, Ecuador y Colombia, al ser todos exportadores de los activos que van a quedar varados en unos años. El caso de Guyana también se suma al problema pues este país recientemente ha descubierto enormes reservas petroleras y ya ha dado pasos importantes para extraer estos recursos en la búsqueda por fortalecer su economía.
¿Qué hacer entonces? apostar por la diversificación productiva permitirá que en el mediano y largo plazo sea posible reemplazar la renta extractiva por otro tipo de ingresos (más sostenibles económicamente) como la pequeña industria, el turismo y la agricultura.
El debate político y económico sobre el cambio climático no sólo nos empuja a diversificar nuestras economías para abandonar la extracción de recursos fósiles. En otros sectores, la extracción va a continuar, pero sobre otras fronteras. Este es el caso de la minería y recursos como el litio y otras “tierras raras” (rare earths). Estos recursos están multiplicando rápidamente su valor en mercados internacionales pues el mundo ha empezado a girar hacia energías y tecnologías renovables, las cuales necesitan de estos recursos.
En América Latina, particularmente en la Región Andina, países como Bolivia, Chile y Argentina (y posiblemente Perú) concentran las más importantes reservas de litio. ¿Cómo vamos a promover estos nuevos ciclos de extracción? Existen iniciativas por apostar por la industrialización de estos recursos para no sólo exportar materias primas sino por ejemplo, baterías para automóviles eléctricos. Sin embargo, continúa siendo difícil concretizar este proceso. Además, de enfrentar un nuevo gran ciclo extractivo en nuevas zonas mineras nuestra región corre el riesgo de repetir los errores ya cometidos y aún sin resolver.
¿Podemos mejorar nuestras instituciones para prevenir impactos negativos a nivel local? ¿continuaremos promoviendo extractivismo en lugar de extracción sostenible? En la actualidad la extracción y exportación de recursos mineros, gasíferos y petroleros significa un aporte importante al crecimiento económico de nuestros países. Pero tras largos años de bonanza y crecimiento, la desigualdad no se ha superado. Paradójicamente, muchas veces las zonas más afectadas por la desigualdad son precisamente regiones extractivas (sobre todo si consideramos el caso de las áreas rurales, el caso de las mujeres y las poblaciones indígenas). Así, otro aprendizaje pendiente es cómo transitar desde una reflexión económica que prioriza el crecimiento hacia una mirada más compleja (y humana) que antepone el bienestar y la inclusión. Es decir, la reducción de la desigualdad y la apuesta por el desarrollo sostenible.
A ello hay que agregar la necesaria prevención de impactos negativos en términos socio-ambientales y políticos. La permanencia de la conflictividad social en zonas extractivas (muchas veces violenta y letal) nos lleva a nuestro último reto: la mejora de los mecanismos de tomas de decisión. La gobernanza de la minería y los hidrocarburos está altamente centralizada en los gobiernos nacionales, desperdiciando la oportunidad de incorporar más y mejor a las voces locales de alcaldes, líderes (y lideresas) para mejorar cómo dirigimos nuestras metas y medios para la extracción.
Nuestra región viene dando importantes avances en términos de transparencia dentro del sector (criterio básico para la buena gobernanza), pero resta impulsar mejores mecanismos para la toma de decisión. No basta sólo con tener ciudadanos informados, sino también ciudadanos partícipes de su gobierno que ayuden a mejorar la implementación de las políticas prometidas y formalizadas en leyes y normas vigentes.
Hoy nos enfrentamos a grandes decisiones de carácter político y social en el rubro de las extractivas ante la realidad del cambio climático y la transformación de los mercados extractivos. ¿Dónde nos ubicamos en esta historia? Mejor sería plantearnos cómo nos vamos a posicionar de cara al futuro, apostando por la innovación y la inclusión.
Lorena De la Puente es asociada de programa para América Latina en el Natural Resource Governance Institute (NRGI).