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Hace algunos años una de nosotras tuvo el privilegio de conocer a una mujer indígena proveniente de una de las comunidades wayuu del norte de Colombia, una sociedad matriarcal en la que las mujeres participan en las decisiones. La líder Wayuu relató que una empresa de energía eólica, que quería expandir su proyecto hacia sus tierras, había negociado el acceso con un pariente que no estaba autorizado. Esto no solo implicaba una violación a las prácticas de su comunidad y socavaba su poder, sino también, llevó a la compañía a construir infraestructura en tierras que ellos consideran sagradas. Si bien el proyecto pudo haberlos beneficiado de manera positiva, el enfoque causó daño.
Este encuentro fue un crudo recordatorio de que, en la lucha contra el cambio climático y la promoción de energías limpias, corremos el riesgo de menoscabar los derechos de las mujeres al introducir, quizá sin querer, nuevas inequidades o reforzando las existentes. Pero, estos riesgos pueden ser mitigados.
Una transición justa que empodere a las mujeres y que respete sus derechos es posible. Para lograr este importante resultado, la comunidad internacional, los donantes, los actores del sector público y privado, y organizaciones de la sociedad civil como la nuestra, debemos comprometernos de manera decisiva a facilitar, apoyar y aprender de las organizaciones lideradas por mujeres y de muchas otras que ya están construyendo esta vía de inclusión.
Las mujeres son aliadas esenciales y agentes de cambio para fomentar una transición energética inclusiva. Un estudio concluyó que cuando las mujeres están empoderadas políticamente, las emisiones de CO2 se redujeron alrededor del 12 % en 72 países.
En NRGI buscamos aprender de y apoyar los esfuerzos liderados por numerosas organizaciones e individuos alrededor del mundo, y definir una agenda feminista para nuestro trabajo sobre transición energética. Queremos garantizar que la experiencia vivida por las mujeres influye en las decisiones del sector extractivo, la creación de oportunidades y la eliminación de los impactos negativos, y que las mujeres tienen voz e influencia en estos debates. Estamos priorizando el desarrollo de enfoques que mejoren la conciencia de género en nuestros programas en los países que necesitan dejar atrás los combustibles fósiles, o que aspiran a la expansión de las energías renovables y/o los minerales necesarios para su producción. En definitiva, queremos garantizar que las mujeres sean parte de estos procesos.
En países productores de combustibles fósiles, una transición justa requiere que los trabajadores sean compensados por aquellos gobiernos y empresas que se beneficiaron de la extracción de carbón y el petróleo y que empezarán a reducir la producción. Pero, como los hombres representan más del 83 % de la fuerza laboral en la minería, las mujeres —que dependen en gran medida de los trabajos informales e indirectos en torno a la mina— corren el riesgo de no ser incluidas en estos acuerdos de compensación. APEC propone que a medida que los ejecutivos de las empresas y los funcionarios de gobierno planifican los cierres de las minas, indemnizaciones y reconversión laboral, deben asegurarse de que las mujeres sean actores clave de estos planes. Los pasivos ambientales que estos proyectos dejan atrás y que suelen afectar de manera desproporcionada a las mujeres, deben ser tenidos en cuenta. Además, las mujeres necesitan incidir en las decisiones sobre la diversificación de la economía local y nacional. Los modelos de desarrollo que sustituyan a la extracción de combustibles fósiles deben ajustarse a las necesidades de las mujeres, a sus patrones de consumo y visión sobre sus tierras; los modelos deben también reconocer plenamente y compensar adecuadamente a las mujeres por sus contribuciones.
En el otro lado de la transición energética, las mujeres ocupan el 32 % de los trabajos en el sector de energías renovables. Sin embargo, no suelen ser las principales propietarias de los proyectos de energía limpia a pequeña escala. Puesto que la participación de las mujeres en la fuerza laboral global (48%) es superior al promedio en el sector de petróleo y gas (22%), los funcionarios de gobierno y las empresas tienen la oportunidad de incrementar las opciones de empleo en este ámbito. Así mismo, al reconocer los derechos de propiedad y garantizar que los mecanismos de distribución de beneficios reflejen las necesidades de las mujeres, los organismos gubernamentales y las agencias de desarrollo internacionales y locales pueden apoyar a las mujeres para que asuman funciones como empresarias de la energía limpia o que contribuyan a las consultas sobre proyectos a gran escala.
Las autoridades de gobierno y las empresas mineras pueden mejorar la justicia de género cambiando la forma en la que los minerales de transición son extraídos. En la actualidad, muchas mujeres de la República Democrática del Congo son parte de la mano de obra informal que extrae el cobalto que se utiliza en el rentable negocio de las baterías para vehículos eléctricos. Sin embargo, por lo general, obtienen los trabajos menos rentables y más tóxicos: triturar, clasificar, tamizar el mineral y procesar los residuos. Muchas mujeres sufren de violencia sexual en las zonas mineras. Las evaluaciones de impacto de género son clave para evitar estos daños, siempre y cuando las empresas mineras actúen de manera consecuente y que las mujeres sean parte de los procesos de toma de decisiones. Definir políticas adecuadas e implementarlas a nivel internacional, nacional y local son también medidas clave. Por ejemplo, en 2019, el gobierno de Mongolia introdujo una ley para incrementar la participación de las mujeres en el sector minero. Como señaló NRGI en un video de 2022, las mujeres en Mongolia desempeñaron un papel crucial en la definición de esta política y en su difusión entre las comunidades afectadas por la minería.
En NRGI reconocemos y aplaudimos los esfuerzos realizados por activistas feministas de todo el mundo para promover la justicia de género. Esperamos aprender y construir a partir de este trabajo, empezando con programas piloto en Colombia, Ghana, Nigeria y Uganda, que incluirán diálogos multiactor, construcción de redes, y el apoyo a organizaciones de mujeres para amplificar sus voces y su incidencia. Promover la equidad ha sido desde siempre el núcleo de nuestra misión y, junto con nuestros socios, hemos contribuido al desarrollo de proyectos clave sobre género y extractivas. En 2023, llevamos este compromiso a nuestras nuevas áreas de trabajo. Estamos entusiasmados y comprometidos identificar la mejor forma de contribuir con la importante labor de promover la equidad en la transición energética. Desarrollaremos orientaciones para que nuestros equipos incorporen la perspectiva de género en los programas de transición energética, y reforzaremos nuevas y antiguas alianzas que nos permitan tener un impacto significativo.
Ana Carolina González Espinosa es directora senior de Programas en Natural Resource Governance. Suneeta Kaimal es presidenta y CEO de NRGI. Emma Dahmani es asistente administrativa y de programas de NRGI. Phesheya Nxumalo es asistente de programas de NRGI.
Las autoras agradecen los aportes de los miembros del grupo de trabajo de género de NRGI.
Primera imagen: Juan Camilo Rodríguez para el NRGI
Segunda imagen: EGT-1 / Shutterstock
Tercera imagen: TLF Images / Shutterstock
Hace algunos años una de nosotras tuvo el privilegio de conocer a una mujer indígena proveniente de una de las comunidades wayuu del norte de Colombia, una sociedad matriarcal en la que las mujeres participan en las decisiones. La líder Wayuu relató que una empresa de energía eólica, que quería expandir su proyecto hacia sus tierras, había negociado el acceso con un pariente que no estaba autorizado. Esto no solo implicaba una violación a las prácticas de su comunidad y socavaba su poder, sino también, llevó a la compañía a construir infraestructura en tierras que ellos consideran sagradas. Si bien el proyecto pudo haberlos beneficiado de manera positiva, el enfoque causó daño.
Este encuentro fue un crudo recordatorio de que, en la lucha contra el cambio climático y la promoción de energías limpias, corremos el riesgo de menoscabar los derechos de las mujeres al introducir, quizá sin querer, nuevas inequidades o reforzando las existentes. Pero, estos riesgos pueden ser mitigados.
Una transición justa que empodere a las mujeres y que respete sus derechos es posible. Para lograr este importante resultado, la comunidad internacional, los donantes, los actores del sector público y privado, y organizaciones de la sociedad civil como la nuestra, debemos comprometernos de manera decisiva a facilitar, apoyar y aprender de las organizaciones lideradas por mujeres y de muchas otras que ya están construyendo esta vía de inclusión.
Las mujeres son aliadas esenciales y agentes de cambio para fomentar una transición energética inclusiva. Un estudio concluyó que cuando las mujeres están empoderadas políticamente, las emisiones de CO2 se redujeron alrededor del 12 % en 72 países.
En NRGI buscamos aprender de y apoyar los esfuerzos liderados por numerosas organizaciones e individuos alrededor del mundo, y definir una agenda feminista para nuestro trabajo sobre transición energética. Queremos garantizar que la experiencia vivida por las mujeres influye en las decisiones del sector extractivo, la creación de oportunidades y la eliminación de los impactos negativos, y que las mujeres tienen voz e influencia en estos debates. Estamos priorizando el desarrollo de enfoques que mejoren la conciencia de género en nuestros programas en los países que necesitan dejar atrás los combustibles fósiles, o que aspiran a la expansión de las energías renovables y/o los minerales necesarios para su producción. En definitiva, queremos garantizar que las mujeres sean parte de estos procesos.
En países productores de combustibles fósiles, una transición justa requiere que los trabajadores sean compensados por aquellos gobiernos y empresas que se beneficiaron de la extracción de carbón y el petróleo y que empezarán a reducir la producción. Pero, como los hombres representan más del 83 % de la fuerza laboral en la minería, las mujeres —que dependen en gran medida de los trabajos informales e indirectos en torno a la mina— corren el riesgo de no ser incluidas en estos acuerdos de compensación. APEC propone que a medida que los ejecutivos de las empresas y los funcionarios de gobierno planifican los cierres de las minas, indemnizaciones y reconversión laboral, deben asegurarse de que las mujeres sean actores clave de estos planes. Los pasivos ambientales que estos proyectos dejan atrás y que suelen afectar de manera desproporcionada a las mujeres, deben ser tenidos en cuenta. Además, las mujeres necesitan incidir en las decisiones sobre la diversificación de la economía local y nacional. Los modelos de desarrollo que sustituyan a la extracción de combustibles fósiles deben ajustarse a las necesidades de las mujeres, a sus patrones de consumo y visión sobre sus tierras; los modelos deben también reconocer plenamente y compensar adecuadamente a las mujeres por sus contribuciones.
En el otro lado de la transición energética, las mujeres ocupan el 32 % de los trabajos en el sector de energías renovables. Sin embargo, no suelen ser las principales propietarias de los proyectos de energía limpia a pequeña escala. Puesto que la participación de las mujeres en la fuerza laboral global (48%) es superior al promedio en el sector de petróleo y gas (22%), los funcionarios de gobierno y las empresas tienen la oportunidad de incrementar las opciones de empleo en este ámbito. Así mismo, al reconocer los derechos de propiedad y garantizar que los mecanismos de distribución de beneficios reflejen las necesidades de las mujeres, los organismos gubernamentales y las agencias de desarrollo internacionales y locales pueden apoyar a las mujeres para que asuman funciones como empresarias de la energía limpia o que contribuyan a las consultas sobre proyectos a gran escala.
Las autoridades de gobierno y las empresas mineras pueden mejorar la justicia de género cambiando la forma en la que los minerales de transición son extraídos. En la actualidad, muchas mujeres de la República Democrática del Congo son parte de la mano de obra informal que extrae el cobalto que se utiliza en el rentable negocio de las baterías para vehículos eléctricos. Sin embargo, por lo general, obtienen los trabajos menos rentables y más tóxicos: triturar, clasificar, tamizar el mineral y procesar los residuos. Muchas mujeres sufren de violencia sexual en las zonas mineras. Las evaluaciones de impacto de género son clave para evitar estos daños, siempre y cuando las empresas mineras actúen de manera consecuente y que las mujeres sean parte de los procesos de toma de decisiones. Definir políticas adecuadas e implementarlas a nivel internacional, nacional y local son también medidas clave. Por ejemplo, en 2019, el gobierno de Mongolia introdujo una ley para incrementar la participación de las mujeres en el sector minero. Como señaló NRGI en un video de 2022, las mujeres en Mongolia desempeñaron un papel crucial en la definición de esta política y en su difusión entre las comunidades afectadas por la minería.
En NRGI reconocemos y aplaudimos los esfuerzos realizados por activistas feministas de todo el mundo para promover la justicia de género. Esperamos aprender y construir a partir de este trabajo, empezando con programas piloto en Colombia, Ghana, Nigeria y Uganda, que incluirán diálogos multiactor, construcción de redes, y el apoyo a organizaciones de mujeres para amplificar sus voces y su incidencia. Promover la equidad ha sido desde siempre el núcleo de nuestra misión y, junto con nuestros socios, hemos contribuido al desarrollo de proyectos clave sobre género y extractivas. En 2023, llevamos este compromiso a nuestras nuevas áreas de trabajo. Estamos entusiasmados y comprometidos identificar la mejor forma de contribuir con la importante labor de promover la equidad en la transición energética. Desarrollaremos orientaciones para que nuestros equipos incorporen la perspectiva de género en los programas de transición energética, y reforzaremos nuevas y antiguas alianzas que nos permitan tener un impacto significativo.
Ana Carolina González Espinosa es directora senior de Programas en Natural Resource Governance. Suneeta Kaimal es presidenta y CEO de NRGI. Emma Dahmani es asistente administrativa y de programas de NRGI. Phesheya Nxumalo es asistente de programas de NRGI.
Las autoras agradecen los aportes de los miembros del grupo de trabajo de género de NRGI.
Primera imagen: Juan Camilo Rodríguez para el NRGI
Segunda imagen: EGT-1 / Shutterstock
Tercera imagen: TLF Images / Shutterstock