Junio 2017 Reporte Mensual de Tendencias en las Industrias Extractivas
Venezuela: las empresas mixtas y la crisis
El pasado mes de abril, el Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) de Venezuela despojó de sus competencias a la Asamblea Nacional (AN), iniciando así un nuevo capítulo de la crisis política que sume al país.
El TSJ acusaba a la mesa directiva del legislativo de actuar en desacato tras haber juramentado en diciembre del 2015 a cuatro diputados con votos impugnados. El fallo puso por algunos días al TSJ a cargo de las funciones legislativas, incluyendo las competencias sobre materia petrolera. Este detalle es de gran importancia pues una de las mayores discrepancias entre el gobierno de Nicolás Maduro y la Asamblea Nacional, y un antecedente directo en esta crisis, gira alrededor de la conformación de empresas petroleras mixtas.
El gobierno necesita recursos frescos que le permitan sostener el importante gasto en programas sociales, sobre los cuales se sostiene buena parte de la legitimidad del régimen. Sin embargo, el sector petrolero -que se mantiene como la principal fuente de ingresos- sufre los embates de precios petroleros que no levantan sus valores, a lo que se suman caídas sistemáticas en los niveles de producción. Además, el endeudamiento externo pagadero en petróleo sigue representando un forado para el valor de las exportaciones, y los costos relacionados al procesamiento de hidrocarburos pesados siguen poniendo a la estatal Petróleos de Venezuela (PDVSA) en desventaja.
Para salir de este entrampamiento PDVSA necesita inversión extranjera, y para el gobierno las empresas mixtas se han presentan como la única solución viable amparada por la ley.
A pesar de que PDVSA mantiene control total sobre el sector petrolero (es responsable del 81% de la inversión), la Ley Orgánica de Hidrocarburos (2001) contempla una modalidad para captar inversión privada por medio de "empresas mixtas". Gracias a esta figura, cualquier empresa privada puede adquirir una participación accionaria hasta de 49% en actividades de exploración y extracción. La ley también admite inversiones 100% privadas en el rubro de petroquímica.
PDVSA ha constituido empresas mixtas con grandes jugadores del sector como Chevron, Exxon y Repsol. Estas asociaciones han representado para el gobierno una importante fuente de divisas gracias al pago inmediato por la compra de acciones. Asimismo, representa una oportunidad para que PDVSA mejores sus niveles de producción gracias al uso de nuevas tecnologías de extracción y procesamiento. Es así que, mientras que la cantidad de barriles producidos enteramente por la estatal se encuentra en retroceso, la producción proveniente de empresas mixtas se mantiene en expansión.
Las compañías que han marcado la pauta en este tipo de asociaciones han estado relacionadas a países con los que el gobierno de Nicolás Maduro tiene alianzas políticas. Un ejemplo es el caso de China, importante aliado estratégico de Venezuela que actualmente viene invirtiendo millonarias sumas en actividades petroleras por medio de empresas mixtas en la franja del Orinoco.
Sin embargo, el vínculo entre los ambos países también se encuentra marcado por la figura del préstamo petrolero. Venezuela paga sus deudas con China por medio de cargamentos petroleros. Esta práctica, si bien permite a Venezuela obtener divisas con facilidad, también reduce la cantidad de barriles petroleros disponibles para la exportación.
Rusia es otro país que en los últimos años ha adquirido un rol importante en el sector petrolero venezolano. Desde mediados del 2015, los gobiernos de Rusia y Venezuela vienen negociando un acuerdo que elevaría la participación accionaria de la petrolera estatal rusa Rosneft en la empresa mixta Petromonagas, basada en la franja del Orinoco. Rosneft ya contaba con poco más del 16% de las operaciones en el proyecto y el nuevo acuerdo proponía que la compañía rusa aumente su participación al 40% de las acciones, dejando a PDVSA con el control del 60%. Rosneft pagaría 500 millones de dólares por las acciones adquiridas. Es importante mencionar que Rosneft también tiene presencia en otras dos empresas mixtas y planes de adquirir una mayor participación en la refinería venezolana con sede en Estados Unidos, CITGO. Es decir, su participación en el proyecto Petromonagas no solo significaba un alivio económico para el régimen, sino el reforzamiento de la relación entre los gobiernos de Nicolás Maduro y Vladimir Putin.
Sin embargo, con la derrota del gobierno en las elecciones del 2015 a la Asamblea Nacional, los planes sobre Petromonagas y otras empresas mixtas dieron un giro inesperado. Sucede que, de acuerdo a la Constitución Bolivariana, la Asamblea Nacional –ahora con mayoría de la principal fuerza de oposición, la Mesa de Unidad Democrática (MUD)- debe dar el visto bueno a los contratos realizados en el marco de las empresas mixtas compuestas por PDVSA.
Mientras que la Asamblea Nacional estuvo bajo el control del oficialismo, esta fórmula funcionó sin problemas. Pero ya con mayoría del MUD, en el mes de febrero la Asamblea Nacional rechazó la propuesta de Rofsnet para la compra de acciones en Petromonagas por 500 millones de dólares. El argumento fue que la compra, tal como fue planteada por PDVSA y Rosneft, provocaba daños patrimoniales al Estado, debido a que los activos de la estatal venezolana fueron mal tazados. En esta línea, la AN reclamaba que el valor real del traspaso accionario debió ser mayor al propuesto. El congelamiento del contrato cayó como un baldazo de agua fría para el gobierno de Maduro, que ya para ese momento necesitaba muy urgentemente de esos ingresos para lidiar con una situación económica complicada.
La respuesta del ejecutivo se dio a través del Tribunal Supremo de Justicia, que a mediados del mes de marzo emitió un dictamen donde resolvía que la opinión de la Asamblea Nacional no era vinculante para la aprobación de contratos de empresas mixtas. De este modo, el Ejecutivo encontró la manera de suscribir los contratos ignorando la sanción del legislativo.
La batalla entre los dos poderes del Estado, sin embargo, estaba lejos de terminar. Para el momento en que el TSJ resolvió suprimir las competencias de la Asamblea (a inicios de Abril), PDVSA ya había ofrecido a Rosneft la compra de un 10% adicional de acciones en el proyecto Petropiar, también en la franja del Orinoco. Por otro lado, adquirir una participación mayoritaria en la refinería CITGO –ubicada en EEUU pero propiedad de PDVSA- se seguía (y sigue) perfilando como un espacio de inversión estratégico para consolidar los intereses rusos en los Estados Unidos.
Lo que vino después del fallo del TSJ fue una crisis política sin precedentes, que incluso afectó la unidad interna del régimen del Presidente Maduro. A pesar que días después el gobierno devolvió sus competencias a la Asamblea Nacional, en mayo el gobierno de Maduro convocó a una nueva asamblea constituyente sin la participación de la Asamblea Nacional, agravando aún más la crisis entre los dos poderes del Estado. Cabe resaltar que entre los objetivos de esta nueva constituyente se busca constitucionalizar las misiones. Esto quiere decir que se otorgaría a estos grandes programas sociales financiados por la renta petrolera y administrados por PDVSA un rango constitucional.
Medidas como los fallos en contra de la Asamblea Nacional y la convocatoria de una nueva Constituyente han tenido un efecto polarizador en la sociedad venezolana. El problema es que, a pesar que el tema petrolero se ha presentado más de una vez como un elemento catalizador de la crisis política, hay poca claridad con respecto a las propuestas concretas para sacar al sector de su debacle.
La minería informal de oro y la nueva frontera extractiva
La riqueza mineral de Venezuela se ha visto opacada por el tamaño de las reservas petroleras y los grandes debates nacionales sobre la gestión del sector de hidrocarburos. Sin embargo, con la caída de precios de los hidrocarburos el gobierno ha puesto los ojos en la minería con la esperanza de convertirla en una nueva fuente de generación de ingresos que le permita sortear la crisis económica que atraviesa el país. Es así que a inicios del 2016 se anunció la activación del “Motor Minero de la Agenda Económica Bolivariana” (también llamado “motor minería”), una nueva estrategia que comprende una serie de medidas orientadas al aprovechamiento de las reservas contenidas en el Arco Minero del Orinoco.
El Arco Minero consiste en una zona de aproximadamente 111 mil kilómetros de extensión ubicada en el estado de Bolívar, al sur del país. No existen cifras oficiales sobre reservas minerales en Venezuela, sin embargo, se conoce que el territorio del Arco Minero es rico en minerales como oro, cobre, diamante, coltan hierro y bauxita.
“Motor minería” busca dinamizar el sector en dos niveles. Por un lado, para la minería a pequeña escala el gobierno ofrece un marco de legalidad para que puedan operar más de 250 mil personas que se estima que trabajan en la actividad artesanal. Para la actividad a gran escala, por otro lado, se crea un modelo de asociación similar al de las empresas petroleras mixtas que permite a la estatal Minerven celebrar contratos con grandes empresas extranjeras para explotar los yacimientos.
Además de dinamizar el sector, la estrategia del gobierno para la minera artesanal tiene como principal objetivo frenar los altos niveles de violencia en el estado de Bolivar, asociada a la comercialización ilegal de este producto. Es así que, a través del Banco Central de Venezuela, el gobierno se ha convertido en el principal comprador de la producción artesanal de oro. Por otro lado, a través del ministerio del sector –el Ministerio de Desarrollo Minero y Ecológico- se ha convertido en proveedor de insumos para la minería.
Sin embargo, los niveles de violencia en Bolivar parecen no reducirse. La presencia armada en la zona resulta insuficiente para contener las actividades criminales que se generan alrededor de los campamentos mineros informales. Asimismo, la economía subterránea de la minería informal funciona de la mano con bandas criminales que en la actualidad controlan la producción.
Los retos en el sector formal son distintos. Venezuela necesita convencer a los inversionistas de que el Arco Minero cuenta con las condiciones adecuadas. Luego de la estatización de la producción en el año 2006, esta tarea supone una carrera cuesta arriba. El Gobierno Nacional ha intentado deshacerse de esta imagen ofreciendo condiciones favorables a inversionistas de países como Canadá, Rusia, China, República del Congo, entre otros. La estrategia “Motor Minería” se sustenta en un Plan de Inversiones de Desarrollo del Arco Minero del Orinoco, diseñado y administrado por el Ministerio del Poder Popular para el Desarrollo Minero y Ecológico. El modelo de contrato propuesto garantiza a las empresas mineras privadas una participación máxima del 45% en cualquier operación realizada en la zona. Asimismo, favorece la suscripción de convenios específicos entre naciones para la conformación de empresas mixtas que permitan explotar las riquezas minerales del Arco.
Hasta el momento 3 empresas mixtas vienen ya explotando de oro y coltán en el Arco Minero: Gold Reserve (de capitales canadienses), Oro Azul (de capitales Congoleses) y Paraguaza (de capitales venezolanos). Por otro lado, existen cartas de compromiso con empresas de China, Canadá, Italia y Congo para el inicio de nuevas operaciones entre el 2017 y 2018.
Un problema que surge a partir de la estrategia venezolana para resucitar la minería es tratar de compatibilizar políticas separadas para la minería artesanal y la minería formal. El monto de oro informal recuperado por el Banco Central de Venezuela todavía resulta pequeño para un sector en el que se calcula que operan 250 mil personas. En este sentido, se deben establecer reglas claras –jurídicas y ambientales- para que los mineros que retornan a la formalidad operen sin amenazar al medio ambiente y las nuevas inversiones. Es así que resulta positivo que Bolivia, un gobierno con retos similares a Venezuela en relación a la minería, comparta experiencias que le permitan al país del Caribe no repetir los mismos errores.