Los compromisos internacionales de lucha contra el cambio climático no solo se traducen en políticas de descarbonización de la economía global, sino también en tendencias de mercado que muestran una reducción de la demanda de los combustibles fósiles y una mayor inversión en energías renovables.

La transición a energías limpias implica un aumento en la demanda de ciertos minerales, como el cobre, lo que puede tener un impacto en países como Perú, cuya economía depende, en gran medida, de la minería. Si bien la demanda de minerales de transición podría representar una oportunidad económica para el país, también plantea desafíos debido a la cantidad de conflictos socioambientales asociados con la minería  que, a la fecha, representan el 37.3 % del total de conflictos según la Defensoría del Pueblo.

Acceso a la energía y cambio climático en el Perú

Perú es importador neto de petróleo, pero, tanto la costa como la Amazonía son regiones con tradición de explotación de dicho recurso y el país sigue apostando por la explotación de combustibles fósiles. Así lo demuestra la reciente inauguración de la nueva refinería de Talara que fue presentada como un estímulo para la inversión en exploración y explotación de hidrocarburos, como señala el ex presidente del directorio de Petroperú Humberto Campodónico. Esta decisión contrasta con las recomendaciones de especialistas, que sugieren que, ante la situación de producción de los lotes y los escenarios de caída de precios internacionales, es importante considerar una disminución gradual de la explotación de petróleo y priorizar estrategias para la diversificación económica y la reforma fiscal.

Los combustibles fósiles contribuyen de forma importante a la generación eléctrica en el país. Según un estudio del Instituto Nacional de Estadística e Informática (INEI) de 2021, el 94,1 % de los hogares peruanos tienen acceso a energía eléctrica. Sin embargo, en las zonas rurales de departamentos amazónicos como Loreto y Ucayali, solo cerca del 50 % de la población cuenta con este servicio. Pese a los esfuerzos por promover las energías renovables no convencionales como mecanismos para el cierre de la brecha energética, estas representan solo el 8.2 % de la producción eléctrica nacional según el Ministerio de Energía y Minas (MINEM), siendo la meta, al 2030, llegar al 20 %.  

En cuanto al cambio climático, es importante señalar que Perú es un país altamente vulnerable, que ya sufre las consecuencias del calentamiento global y, además, según el SENAMHI (Servicio Nacional de Meteorología e Hidrología del Perú) hay proyecciones que indican un aumento de temperatura de entre 1.7°C a 3.5°C para 2050. Este cambio tendrá graves repercusiones en la agricultura, amenazando la seguridad alimentaria debido al estrés hídrico y la reducción de glaciares que afectará la disponibilidad de agua dulce para el consumo humano.

A pesar de que el Perú genera solo el 0.38 % de las emisiones globales de gases de efecto invernadero (GEI), como miembro del Acuerdo del París, ha asumido un ambicioso compromiso de reducción de estas emisiones. Inicialmente, se comprometió a disminuirlas en un 30 %, luego elevó su contribución al 40 % y declaró de interés nacional la emergencia climática (DS N.° 003-2022-MINAM) por todos los sectores, incluido el Ministerio de Energía y Minas.

Diferentes escenarios, diferentes percepciones

Para discutir sobre este escenario descrito líneas arriba, el Natural Resource Governance Institute (NRGI) junto con CooperAcción, Derecho Ambiente y Recursos Naturales (DAR) y Oxfam organizaron el encuentro Diálogo social: Significados de la transición energética justa para el Perú que contó con la participación de representantes de la academia, organizaciones de base, oenegés y pueblos indígenas. El objetivo fue generar un espacio de reflexión inicial sobre transición energética justa, promover el intercambio de ideas y explorar posibles colaboraciones entre las instituciones participantes.  

Al complejo escenario descrito se suman las distintas percepciones que sobre la transición energética tienen los representantes de los distintos territorios que se dieron cita en el evento. No significa lo mismo la transición energética para una comunidad campesina en el corredor minero del sur andino que para un activista de Lima o para una comunidad indígena en el ámbito de influencia de un lote petrolero en la Amazonía, por ejemplo. Algunos factores que condicionan la priorización del tema en sus agendas están vinculados a la conexión entre sus necesidades cotidianas y la crisis climática actual, la seguridad energética de la que gozan, o el historial de conflictos que tienen con las industrias extractivas.

Por ejemplo, un grupo de pescadores costeros que en los últimos años ha podido identificar pérdidas en su producción debido al aumento de temperatura en el mar, tendría una mayor disposición a priorizar el tema del cambio climático y empujar una agenda de transición energética. En contraste, algunas de las comunidades que residen en el corredor minero del sur andino ven a la transición como una amenaza, pues temen que una mayor demanda de la producción de minerales de transición intensifique los impactos negativos sin que les reporte beneficios. 

Al mismo tiempo, una política de transición energética en el país podría representar una oportunidad para mejorar el acceso a la energía para comunidades que históricamente han sido marginadas y excluidas de los beneficios de la industria petrolera. Estas comunidades tienen la expectativa de acceder a servicios básicos, como la electricidad, a través de fuentes renovables no convencionales, lo que podría significar una mejora significativa en su calidad de vida y un paso hacia la reducción de la desigualdad energética en el país.

Además, existe la preocupación de que la transición desencadene un ‘extractivismo verde’, término que hace referencia a la intensificación de extracción de recursos naturales que, paradójicamente, podría surgir bajo la bandera de lucha contra el cambio climático global y la promoción de la sostenibilidad ambiental. Esta dinámica podría traer consecuencias adversas para las comunidades locales ya que aumentaría la presión sobre sus recursos y territorio, exacerbando los conflictos ambientales existentes. Este fenómeno lleva a una discusión más amplia en torno al modelo de desarrollo y la necesidad de transformaciones socioecológicas más estructurales. 

Condiciones para una transición energética justa

Uno de los principales aspectos de la discusión sobre transición energética que se dio en el evento es que esta debe garantizar derechos, especialmente a través de la participación activa y la consulta efectiva de las comunidades locales en la definición e implementación de políticas que puedan afectarlas. En este sentido, resulta fundamental el pleno respeto a los derechos territoriales de los pueblos indígenas, así como la aplicación rigurosa de procesos de consulta libre, previa e informada, que aseguren el ejercicio del principio de autodeterminación y la participación en la toma de decisiones que incidan en sus derechos e intereses. Esto implica adoptar una aproximación desde la base en la formulación de políticas y estrategias, donde las comunidades locales no solo respondan a las propuestas a nivel nacional, sino que también influyan activamente en la elaboración de planes que aborden sus necesidades específicas. 

Otro aspecto fundamental en la discusión sobre la transición energética justa en Perú es la necesidad de que genere beneficios tangibles para las comunidades locales. Históricamente, la extracción de recursos no ha redundado en un desarrollo significativo para las poblaciones locales. Por eso, resulta imperativo diseñar e implementar políticas públicas que promuevan una distribución equitativa de las rentas generadas por las nuevas fuentes de energía. La seguridad energética de las comunidades también es un elemento crucial e implica garantizar el acceso universal a energía limpia, confiable y a precios asequibles, habilitando a las comunidades para que participen activamente en la gestión de sus propios recursos energéticos.

Durante el Diálogo, un aspecto señalado como ‘de alta prioridad’ para las organizaciones territoriales es la remediación de los pasivos ambientales generados por las industrias extractivas. Esta condición requiere que consideremos la transición energética dentro de un marco temporal más amplio. Esto implica no solo analizar la situación actual y las proyecciones futuras, sino también reconocer y abordar las deudas históricas con los territorios donde se han explotado los recursos. Esta afirmación es especialmente relevante para las comunidades amazónicas y costeras afectadas por los más de 1000 derrames petroleros ocurridos en los últimos 20 años, así como para las regiones andinas afectadas por la contaminación proveniente de la industria minera, que hasta la fecha suman más de 6000 pasivos ambientales.

Disputar los términos y priorizar la agenda de la transición energética justa

En la discusión sobre la transición energética justa en Perú, es esencial reconocer las preocupaciones surgidas en torno al uso de algunos términos como 'transición energética justa' y otros asociados a la coyuntura. Algunos representantes que participaron en el evento señalaron que la mera adopción de estos términos podría legitimar procesos que tendrían impactos adversos en los territorios y comunidades afectadas. Un ejemplo es la reticencia de algunas comunidades andinas a aceptar la designación de 'minerales críticos' para los minerales de transición, cuestionando el origen del término y las estructuras de poder que están detrás de ciertas designaciones: ¿quién considera que son críticos? ¿para qué fines son críticos?

Por eso, resulta imperativo redefinir los términos y contenidos desde una perspectiva local y territorial. Este ejercicio de disputa de conceptos y contenidos es fundamental para garantizar que cualquier iniciativa de transición energética responda a las necesidades y preocupaciones de las comunidades afectadas para que sea justa y sostenible.

La transición energética en el Perú se presenta como un proceso multifacético que ofrece tanto oportunidades como desafíos significativos. La planificación adecuada de esta transición es crucial para maximizar los beneficios y mitigar los impactos negativos, especialmente en comunidades vulnerables y territorios afectados por la extracción de recursos naturales.

Es fundamental colocar estas cuestiones en la agenda pública, pues el riesgo de seguir abordando estos temas con un enfoque reactivo a las tendencias internacionales, sin una orientación clara, nos conduce a actuar en piloto automático, exacerbando las desigualdades y perpetuando esquemas de explotación no sostenibles. Urge promover la colaboración concertada y proactiva de todos los actores de la sociedad en la formulación e implementación de políticas y estrategias que promuevan una transición energética justa y equitativa. Esto implica garantizar que ningún segmento de la población quede rezagado en este proceso de transformación hacia un futuro más sostenible y resiliente.