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Los grandes proyectos petroleros, gasíferos y mineros se asocian, por lo general, con nombres como Shell, Exxon, Río Tinto, Gazprom y Codelco. Ellos son los titulares de derechos, es decir, las empresas que reciben licencias de los gobiernos anfitriones para extraer los recursos naturales. Sin embargo, son las empresas de bajo perfil las que hacen gran parte del trabajo para extraer estos recursos. Estas empresas son los proveedores, los que proporcionan los bienes y servicios que hacen posible la extracción. Varían en tamaño, van desde conglomerados internacionales multimillonarios hasta empresas especializadas o locales que pueden tener solo un puñado de empleados.
Los grandes proyectos petroleros, gasíferos y mineros se asocian, por lo general, con nombres como Shell, Exxon, Río Tinto, Gazprom y Codelco. Ellos son los titulares de derechos, es decir, las empresas que reciben licencias de los gobiernos anfitriones para extraer los recursos naturales. Sin embargo, son las empresas de bajo perfil las que hacen gran parte del trabajo para extraer estos recursos. Estas empresas son los proveedores, los que proporcionan los bienes y servicios que hacen posible la extracción. Varían en tamaño, van desde conglomerados internacionales multimillonarios hasta empresas especializadas o locales que pueden tener solo un puñado de empleados.
Este informe aboga por una mayor supervisión de los proveedores de la industria extractiva; explica la importancia económica de estos actores e identifica a las principales partes involucradas en su gobernanza. Considera que los impactos de una mala gobernanza de proveedores son una cuestión política y analiza cómo los gobiernos, los titulares de derechos, las empresas de propiedad del Estado y los proveedores están comenzando a compartir información sobre los impactos económicos de estos últimos; también, cómo difundir esta información ayuda a la transparencia global de iniciativas e informes, a fin de tener más claro qué más se puede hacer.
Mensajes clave:
- Entre 2008 y 2017, las empresas con derechos para extraer petróleo, gas y minerales gastaron, en promedio, poco menos de un billón de USD al año en proveedores. Si bien esta cifra se verá reducida en 2020 como resultado de la pandemia del coronavirus, el gasto en proveedores seguirá siendo uno de los principales flujos económicos de los proyectos de la industria extractiva.
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Sin sistemas de gestión interna eficaces ni una supervisión externa sólida, una débil gobernanza de los proveedores puede conducirlos a:
- Sobrecostos que socavan las ganancias de las empresas y los ingresos del Gobierno;
- Tributación poco óptima de los beneficios de los proveedores, lo que conduce a la pérdida de ingresos fiscales;
- Sistemas locales de contratación pública que no ofrecen los beneficios económicos previstos para los países o comunidades anfitrionas;
- Riesgos de corrupción que incluyen el soborno, el favoritismo y la captura del Estado. - La transparencia puede ayudar a mejorar la supervisión de los proveedores. De manera particular, el sector privado, las empresas de propiedad estatal y los Gobiernos anfitriones deberían informar públicamente sobre los procesos de adquisición, la identidad de los proveedores, el gasto en proveedores y la tributación de los proveedores.
- Una serie de normas globales de presentación de informes y prácticas de divulgación ad hoc sentaron un valioso precedente del que pueden partir las partes interesadas de la industria extractiva para promover la transparencia de los proveedores. Será esencial involucrar a las empresas proveedoras en las discusiones sobre transparencia.
- El efecto conjunto de la pandemia del coronavirus, la disminución de los precios de materias primas y la recesión económica mundial está perturbando las cadenas de suministro de los proyectos y probablemente precipitarán cambios estructurales en muchos mercados de proveedores. Esto crea incentivos urgentes para que los Gobiernos y el sector privado mejoren la resiliencia de la cadena de suministro y reduzcan los costos de producción, al tiempo que se asegura de que la toma de decisiones sobre adquisiciones continúe contribuyendo a la licencia social para operar. Dados estos grandes riesgos, es imperativo que los Gobiernos, el sector privado y la sociedad civil mejoren la supervisión de las funciones que desempeñan las empresas proveedoras en los proyectos de la industria extractiva.
Foto: Sebastian Pichler