De la Cumbre Amazónica a las negociaciones climáticas: la importancia de una visión común sobre la Amazonía

En la IV Cumbre Amazónica celebrada en Belém do Pará y en diferentes reuniones climáticas internacionales (como la Climate Week llevada a cabo en Nueva York), la agenda sobre el futuro de la Amazonía ha recobrado protagonismo. Esto es, en buena medida, gracias al liderazgo de los presidentes de Brasil, Luiz Inácio Lula da Silva, y de Colombia, Gustavo Petro, pese a sus diferentes enfoques sobre la explotación del petróleo y gas en la cuenca amazónica.

Los países amazónicos tienen en común el ascenso de actividades ilegales en su territorio, lo que dificulta las posibilidades de implementación de medidas conjuntas para la conservación y el desarrollo sostenible. La estrategia de incluir a la Amazonía como parte fundamental de las negociaciones climáticas podría contribuir a asegurar estos objetivos, para lo cual será necesario construir una visión común con un enfoque sistémico, que integre factores políticos, económicos y sociales.

El punto de no retorno en la Amazonía

La cuenca amazónica alberga los bosques tropicales más extensos del planeta, los cuales desempeñan un rol crucial como sumideros de carbono, servicio ecosistémico fundamental para mitigar los efectos del cambio climático. No obstante, ya desde el 2021 los científicos empezaron a alertar que la Amazonía se estaría convirtiendo más bien en una fuente de carbono debido, principalmente, a la deforestación que se calcula está muy cerca de alcanzar el 20 %, punto en el cual perdería la capacidad de regenerarse.

La Amazonía podría alcanzar muy pronto un punto de no retorno, un cambio permanente en el ciclo hidrológico de la cuenca amazónica que conduciría a una pérdida masiva de bosques, sequías, inundaciones y a la conversión a ecosistemas de sabana. La pérdida del bioma amazónico como sumidero de carbono no solo aceleraría los cambios climáticos a nivel local, sino también global, y daría como resultado una pérdida catastrófica de diversidad biológica, con impactos devastadores para el planeta y, sobre todo, para la población local.

Desde que Lula asumió la presidencia de Brasil ha procurado posicionarse como un progresista climático y líder global en el tema, llevando los niveles de deforestación de la Amazonía brasileña a la tasa más baja en seis años, con una reducción del 33 % en los primeros seis meses de su gobierno, un cambio notable considerando las políticas implementadas por su antecesor Jair Bolsonaro. En esa misma línea, Colombia presenta resultados positivos en desaceleración de la deforestación que en 2022, según señalan los expertos, cayó en 26 % en la Amazonía y en 29 % en todo el país.

Pero no todos los países han dado muestras tangibles de una política pública clara de lucha contra la deforestación y conservación de estos ecosistemas, menos aún de una política de transición energética. Por ejemplo, pese a que el Perú ha ratificado tratados y acuerdos internacionales para combatir la deforestación, no ha logrado disminuir sus cifras y el avance de las economías ilegales ha ido en aumento. Solo en el departamento de Amazonas se deforestaron casi seis mil hectáreas en el 2022, lo que representa un nuevo repunte luego del pico histórico alcanzado en 2020. Estas cifras reflejan el proceso de debilitamiento de la institucionalidad ambiental en el país que, además, se ve mermada por propuestas legislativas contrarias a los principios de prevención ambiental y protección de los pueblos indígenas. De otro lado, la participación del Perú en la Cumbre Amazónica tuvo un perfil bajo, sin propuestas concretas.

Declaración de Belém

En la Cumbre Amazónica, los representantes de los países miembros de la Organización del Tratado de Cooperación Amazónica (OTCA), firmaron la Declaración de Belém que recoge 113 objetivos y principios transversales para su implementación, reunidos en 18 ejes temáticos. Entre estos destacan el fortalecimiento de la cooperación para la lucha contra las actividades ilícitas; la creación del Panel Técnico Científico Intergubernamental de la Amazonía a fin de reducir la deforestación y el establecimiento de un Grupo de Trabajo para evaluar un Mecanismo Financiero orientado a la cooperación amazónica en el marco de la OTCA, que permita la captación y capitalización de recursos financieros no reembolsables. La Declaración busca enviar un mensaje a los países desarrollados para financiar la conservación de los bosques tropicales y entregar los fondos ya prometidos en el marco de los compromisos del Acuerdo de París.

La Declaración de Belém no establece metas concretas para frenar la deforestación y el avance de las economías ilegales. La solicitud de los representantes de los pueblos indígenas y organizaciones de sociedad civil para proteger el 80 % de la Amazonia para el año 2025 no fue aprobada. Tampoco se alcanzó consenso respecto a la reducción de la dependencia de combustibles fósiles ni la implementación de metas específicas para que los ocho países del bioma amazónico inicien un cambio progresivo de sus sistemas energéticos.

Los países de la cuenca Amazónica tienen diferentes enfoques al respecto. Gustavo Petro fue explícito en su posición de prohibir la exploración y explotación de combustibles fósiles en toda la Amazonia y Brasil sigue promoviendo el desarrollo de actividades hidrocarburíferas en este bioma. Un caso diferente es el de Ecuador, que decidió en referéndum nacional mantener indefinidamente en el subsuelo el crudo del bloque 43 que se superpone al Parque Nacional de Yasuní. Sin embargo, el Gobierno de Guillermo Lasso ha destacado reiteradamente las pérdidas económicas que esto supondrá para el Estado y las comunidades locales. Por su parte, el Gobierno peruano tampoco comparte el objetivo de eliminar el aprovechamiento de combustibles fósiles y, por el contrario, sigue impulsando la explotación de hidrocarburos y la promoción de nuevos lotes petroleros.

La oportunidad de las negociaciones climáticas

“La era del calentamiento global ha terminado y la era de la ebullición global ha llegado”, fueron las alarmantes palabras del secretario general de la Organización de las Naciones Unidas (ONU), António Gutérres quien realizó un nuevo llamado a la acción climática y remarcó la necesidad de acelerar la transición justa y equitativa de los combustibles fósiles a las energías renovables, al mismo tiempo que se detiene la expansión del petróleo y el gas y se elimina gradualmente el carbón para el año 2040.

Las declaraciones de Gutérres fueron un preámbulo a la XV edición del Climate Week celebrado en Nueva York, evento precursor de las negociaciones anuales de la próxima Conferencia de las Partes (COP 28) que comienzan dentro de menos de dos meses en los Emiratos Árabes Unidos, país cuestionado por ser uno de los mayores productores de combustibles fósiles del mundo.

En el Climate Week destacó la intervención del presidente Petro quien puso a discusión el planteamiento que el país viene haciendo con Brasil y los demás miembros de la OTCA para "revitalizar la selva amazónica", poniendo foco en que para ello resulta indispensable destinar suficientes recursos financieros que permitan “reemplazar las actividades productivas y depredadoras que allí se han ubicado". Petro también ha planteado el canje de la deuda externa a cambio de inversión en la conservación de la Amazonía, aspecto que ha sido recogido en la Declaración de Belém.

En esa misma línea, el presidente Lula urgió a los países desarrollados a cumplir con sus compromisos de financiamiento climático, argumentando que un plan de financiación de USD 100 mil millones ya se habría convertido en una suma insuficiente ante las alarmantes cifras de deforestación de la Amazonía.

Las intervenciones internacionales de los mandatarios de Colombia y Brasil buscan atraer recursos financieros en el marco de las próximas Conferencias de las Partes, en especial la COP 30 que se llevará a cabo en Belém do Pará (2025). Esto explica en parte la reactivación y búsqueda de fortalecimiento institucional de la OTCA y la necesidad de consensuar una visión común para la gobernanza de la Amazonía, además de sumar esfuerzos con otros países con bosques tropicales como la República Democrática del Congo e Indonesia.

En el marco de las próximas negociaciones climáticas los países de la cuenca amazónica tienen una oportunidad única para evitar que la región llegue al tan temido ‘punto de no retorno’ y asegurar el financiamiento internacional necesario. La Declaración de Belém es un buen punto de partida; sin embargo, el éxito de su implementación dependerá de que los países de la OTCA logren alinear objetivos y metas mínimas concretas como bloque en cuanto a deforestación, actividades ilícitas, seguridad y políticas de transición energética. Coordinar esfuerzos es el reto más importante para la región, debido a la diversidad de prioridades y las particularidades de la situación política, económica y social de cada país.   

De la Declaración a la implementación

Si bien la Declaración de Belém aborda los aspectos más relevantes de la gobernanza de la cuenca amazónica, la retórica y la urgencia no bastan para una implementación exitosa. Para ello será necesario que los países de la OTCA acuerden un plan de acción común y aplicable en cada uno de sus territorios. Aún no existen estrategias articuladas a nivel de la región, por lo que continúa el riesgo de llegar al punto de no retorno. Persisten problemáticas críticas como el aumento de la deforestación en varios países, el avance de las economías ilegales en la cuenca, o el incremento de la violencia en la triple frontera entre Brasil, Colombia y Perú, hoy una zona bajo disputa entre varios grupos armados. Los problemas de gobernanza erosionan la capacidad de los estados para implementar estrategias eficaces. 

En parte, la histórica inactividad de la OTCA y las limitaciones para que la Declaración de Belém reflejara compromisos concretos y ambiciosos en torno a la reducción de la deforestación o la eliminación gradual de combustibles fósiles se explican por las diferentes visiones y capacidades de implementación de cada uno de los países que conforman esta organización. Para atender los desafíos de elaborar una visión común de la Amazonía hay que considerar que el enfoque no puede ser únicamente ambiental, sino sistémico y que integre factores políticos, económicos y sociales.

El nivel de consenso y articulación que los países del bioma amazónico alcancen y puedan plasmar en un plan de implementación de la Declaración de Belém será determinante para los resultados que se logren en las próximas Conferencias de la Partes y para posicionar a la Amazonía en el centro del debate climático global. Para asegurar importantes fondos climáticos destinados a la Amazonía, los gobiernos amazónicos deben demostrar compromisos firmes y estrategias coordinadas que aseguren la conservación y el desarrollo sostenible de este bioma clave para el clima global.