La crisis ocasionada por la pandemia del Covid-19 ha tenido un impacto en la economía mundial. La ampliación de las brechas sociales y de desigualdad debido, entre otros, al incremento en la tasa de desempleo, ha afectado a países con estructuras productivas poco diversificadas, como Perú y Colombia, cuyas economías dependen de la industria extractiva y de factores internacionales como la volatilidad en los precios.

En este contexto, diversas organizaciones de la sociedad civil en Perú y Colombia unieron esfuerzos para prevenir el debilitamiento de los estándares sociales y ambientales en los sectores extractivo y de infraestructura en el marco de los planes de recuperación económica relacionados con la pandemia. La Plataforma de la Sociedad Civil para una Reactivación Sostenible en Perú y Colombia (PLARS) es una iniciativa que lleva a cabo acciones conjuntas que posibilitan el desarrollo de propuestas de políticas que reduzcan las desigualdades, prioricen la disminución del impacto ambiental, contribuyan a la superación de las economías primario-exportadoras que tienen un alto impacto social y ambiental, y que fomenten la participación ciudadana en entornos seguros y democráticos.

Por eso, las organizaciones que forman parte de PLARS* trabajan para que los gobiernos de Perú y Colombia logren que la reactivación económica sea sostenible, justa e incluyente, que genere empleo de calidad, fomente la legalidad y transparencia, que promueva oportunidades para todos, tomando en cuenta el impacto de estas actividades en las poblaciones locales y pueblos indígenas. Y con más razón hoy, debido al incremento de delitos ambientales y actividades económicas ilegales, sobre todo en la Amazonía de ambos países.





Primeros pasos: consenso de las propuestas
Las organizaciones socias de PLARS, en la primera fase del proyecto, trabajaron para consensuar propuestas que se adapten a la realidad económica y social en Perú y Colombia, cuyos Gobiernos adoptaron medidas de flexibilización de estándares sociales y ambientales para mantener la inversión en el sector extractivo, con el riesgo de una nueva “carrera hacia el fondo”.

La alianza creada en el marco de PLARS ha generado un espacio estratégico para la generación de conocimiento e incidencia en la búsqueda de la mejora de las políticas públicas relacionadas con las actividades extractivas y de infraestructura. Esto permitió el monitoreo de casos emblemáticos en el marco de los procesos de reactivación económica, la incorporación de pueblos indígenas en este debate y la presentación de propuestas para incorporar criterios de sostenibilidad, inclusión y justicia social. El resultado del trabajo de esta primera fase se tradujo en la producción de reportes, eventos, videos e infografías que presentan una mirada panorámica que permite entender la propuesta y los principios que gobiernan esta iniciativa.

Por ejemplo, el reporte Una reactivación económica sostenible y equitativa en Colombia: el rol de los recursos naturales, desarrollado por el economista Mario Valencia, analiza el proceso económico del sector minero-energético colombiano antes de la pandemia, su escaso aporte a la generación de empleo y la poca capacidad de crear y distribuir riqueza. El economista analiza la dependencia del Colombia respecto a sus exportaciones minero-energéticas y a los ingresos generados por esta. "Para 2019, el sector representaba el 61.2 % de las exportaciones totales (…) y el 6.7 % de las finanzas públicas”, señala Valencia.

El documento también permite analizar los desafíos de la transición energética para Colombia. “El Gobierno colombiano ha elaborado planes de transición energética, pero algunos proyectos parecen apuntar en la dirección contraria. Parece que el discurso de las energías renovables no va a la misma velocidad de las acciones concretas requeridas”.

En el reporte La toma de decisiones en el sector minero-energético en tiempos de crisis y cambios (#Perú 2020-2021), elaborado por el sociólogo e investigador Francisco Durand, se identifican asimetrías de poder y mecanismos de influencia excesiva (legal) y/o indebida (colusión) que las élites económicas utilizan para acceder con ventaja al Estado y, de manera particular, a la toma de decisiones en el sector minero-energético. Además, Durand señala que las élites —más allá de sus diferencias internas y matices— intentan mantener el statu quo de la gobernanza minero-energética e incluso lograr reversiones regulatorias en beneficio de las empresas del sector.

Por su parte, los videos de La Plataforma producidos en 2021 sobre las propuestas de reactivación en Colombia y Perú, abordan las brechas sociales y de desigualdad que se han intensificado debido al impacto de la pandemia y la crisis climática, por lo que la sociedad civil propone reformular las estrategias que los Gobiernos de estos países vienen implementando para reactivar sus economías y que estas sean sostenibles y justas. También, se realizó una campaña enfocada en las acciones planteadas respecto a la reactivación económica y el cuidado del ambiente durante los primeros días del Gobierno del Perú bajo el título "#100Días del Gobierno de Castillo y reactivación sostenible".

Las organizaciones en el Perú realizaron notas de investigación para hacer seguimiento al desempeño del sector y de las empresas durante la emergencia sanitaria, y análisis sobre las relaciones sostenidas entre el poder Ejecutivo y los gremios empresariales desde un enfoque de captura del Estado. En Colombia, las organizaciones se concentraron en monitorear las medidas y normas que se expidieron durante la pandemia para alertar sobre posibles acciones de debilitamiento de estándares sociales, tal y como sucedió con la consulta previa y las audiencias públicas.

Además, las organizaciones de PLARS desarrollaron reportes sobre temas como: análisis desde una perspectiva socioambiental y de derechos a las medidas de reactivación; discusión sobre el futuro del petróleo; propuestas para una reactivación con transformación ecológica, un balance a los 20 años del sistema de evaluación ambiental y los beneficios de la ratificación del Acuerdo de Escazú.

Más información
En este periodo (2022-2023) las organizaciones socias trabajarán en la construcción de formas alternativas de desarrollo basado en los recursos naturales con énfasis particular en la agenda de la transición energética, para que esta contribuya con la descarbonización de la economía, dé prioridad a los criterios de gobernanza y tome en cuenta las necesidades de los territorios frente a las decisiones sobre los recursos naturales, a fin de revertir la centralización y opacidad en las estrategias de desarrollo regional y nacional.
 
*La Plataforma de la Sociedad Civil para una Reactivación Sostenible en Perú y Colombia (PLARS) está conformada, en el Perú, por Derecho, Ambiente y Recursos Naturales (DAR), Cooperacción y el Grupo Propuesta Ciudadana; en Colombia, por Foro Nacional por Colombia, WWF-Colombia, el Stockholm Environment Institute (SEI), Crudo Transparente, Akubadaura y Pensamiento y Acción Social (PAS). Natural Resource Governance Institute (NRGI) coordina el trabajo de las organizaciones en ambos países.
 
Si quieres saber más sobre PLARS, haz clic aquí: www.reactivacionsostenible.lat