¿Cuál es el estado en que se encuentra el sistema de gobernanza minero-energética durante el periodo de crisis política, pandemia y elecciones en el Perú y cuáles son las proyecciones? El informe elaborado por Francisco Durand, por encargo de NRGI en el contexto de la Plataforma para la Reactivación Sostenible (PLARS) en Colombia y Perú, responde a esta pregunta analizando los factores y tendencias de coyuntura nacional e internacional que impactaron las correlaciones de fuerzas entre los principales actores con una mayor intensidad, así como las principales iniciativas que se emprendieron en materia de gobernanza. Este estudio analiza un periodo especial en el que se inicia un nuevo “juego de poder e influencias”. De ese modo, los principales actores (Estado, gran empresa, sociedad civil, fuerzas internacionales) reanudan sus esfuerzos de construir una mejor gobernanza minero-energética, laboral y ambiental.
El periodo de estudio comienza en marzo 2020 (inicio de la pandemia en medio de una crisis política) y termina en julio 2021 (cambio de Gobierno y celebración del Bicentenario de la Independencia). Estas ocurrencias nacionales suceden en un momento de transición energética global. El estudio señala que, debido a la influencia de estos factores, se abrió una coyuntura crítica que puso a prueba el sistema de gobernanza e identifica problemas y sugiere acciones para que se camine hacia reformas superiores y comprensivas de mejor gobernanza social, laboral y ambiental.
Los factores internos y externos que bloquearon –y al mismo tiempo abrieron– posibilidades de cambio del sistema de gobernanza son la pandemia COVID-19, la crisis que causó (muy severa en el caso del Perú) y los factores que afectaron al sector minero-energético al tomarse medidas de emergencia y ocurrir contagios; la transición energética internacional impulsada por nuevas tecnologías y productos que elevan la demanda y el precio de metales que el Perú produce y puede explorar; los cambios en la opinión pública respecto al modo en que se organiza la producción minero-energética; las demandas y propuestas de cambios constitucionales (parciales o totales); la crisis política marcada por pugnas y choques constantes entre el Ejecutivo y el Legislativo que causaron altos niveles de inestabilidad y cambios frecuentes de los tomadores de decisiones; la intensificación de conflictos sociales regionales y nacionales, urbanos y rurales, así como mayor actividad sindical; la victoria electoral de Pedro Castillo (2021), candidato presidencial apoyado por organizaciones populares y pueblos indígenas, con fuertes bolsones de apoyo en la sierra y la costa sur, donde se encuentra la mayor parte de grandes empresas minero-energéticas, incluyendo el corredor minero que lleva los minerales a puerto.
Estos eventos y tendencias pusieron a prueba el sistema de gobernanza, actuaron sobre la correlación de fuerzas a nivel nacional y regional que genera la captura corporativa del Estado, y animaron los debates sobre alternativas de modelo económico, de política pública y de cambio hacia una mejor relación entre los pobres y pueblos indígenas con el Estado. El informe examina estos factores secuencialmente, mirando los aspectos económicos, políticos y de opinión pública que influyen en los sistemas (incluyendo a quiénes lo manejan) y las percepciones de gobernanza minero-energética. Para ello se analizan los eventos que se dan en minería, gas y petróleo en este periodo y la manera en la que los principales actores responden a los retos de la coyuntura regional, nacional y global de acuerdo con sus posiciones, oportunidades de influencia y cuotas de poder.