Petróleo en Loreto: urge un cierre responsable y una nueva visión de desarrollo

La transición energética global exige no solo avanzar hacia fuentes limpias, sino, entre otras medidas, requiere también gestionar de forma responsable el cierre de las actividades extractivas que han impactado nuestros territorios durante décadas. En el caso del Perú, esto implica enfrentar con seriedad el abandono de las operaciones hidrocarburíferas, especialmente en regiones como Loreto, donde la explotación petrolera ha dejado una profunda huella ambiental y social.

“No hay futuro económico para la explotación petrolera en Loreto. El precio internacional, la calidad del crudo y la falta de inversión lo demuestran. Pero si sumamos los costos de remediación de los impactos ambientales y sociales, el argumento es aún más contundente: seguir apostando por esta actividad es inviable”, señala Melissa Marengo de NRGI.

Y, respecto al marco normativo actual, añade: “las normas dificultan contar con instrumentos ambientales adecuados para el abandono. Eso termina perpetuando impactos y bloqueando alternativas de desarrollo para la región”. En suma, el marco normativo peruano no está preparado para garantizar una salida responsable de la actividad.

Cierre responsable de las actividades extractivas

El reciente estudio De la extracción a la restauración: propuestas para garantizar un cierre responsable de las actividades hidrocarburíferas en el Perú pone en el centro esta discusión y formula propuestas concretas para asegurar que el cierre de operaciones no sea un simple trámite, sino un paso fundamental hacia la justicia ambiental y la reparación.

“Es clave modificar el momento en que se exige el plan de abandono. Debe ser una exigencia temprana, no al final del proyecto. Así podemos garantizar que haya recursos y cumplimiento”, puntualiza Lissette Vásquez, abogada especializada en derecho ambiental y sostenibilidad, y coatura del reporte.

Otra propuesta esencial del documento es crear un fondo de garantía obligatorio desde el inicio de operaciones, que asegure la ejecución del cierre incluso si la empresa no lo hace. “Se trata de establecer condiciones claras para que la actividad sea sostenible y respetuosa de los derechos humanos desde el primer día”, señala Vásquez.

El cierre responsable de las actividades hidrocarburíferas es una condición básica para una transición energética justa. No se trata solo de cambiar la matriz energética, también se debe tener un plan para reparar los impactos de la actividad extractiva, y se debe hacer con normas claras, financiamiento garantizado y participación ciudadana real.

En regiones como Loreto, donde los impactos de la actividad hidrocarburífera han sido profundos, no se puede seguir postergando esta conversación. “Es necesario garantizar actividades petroleras que sean sostenibles y respetuosas de los derechos humanos. Eso solo es posible con un marco normativo claro, sólido y exigente”, concluye Lissette Vásquez.