De la extracción a la restauración: propuestas para garantizar un cierre responsable de las actividades hidrocarburíferas en el Perú

Mensajes clave

• Una transición energética justa no puede centrarse únicamente en un cambio de matriz energética. También debe abordar con seriedad la gestión adecuada de la terminación de las actividades de hidrocarburos y evitar la generación de nuevos pasivos ambientales. Para ello, se requiere un marco regulatorio sólido que establezca obligaciones claras, propicie la atención efectiva de los impactos ambientales y sociales y, sobre todo, garantice la existencia de mecanismos financieros efectivos que cubran los costos que ello implica.
• El Perú enfrenta las consecuencias ambientales y sociales de décadas de actividad hidrocarburífera desarrollada sin un marco legal ambiental adecuado. La ausencia de normas claras para una planificación temprana y de mecanismos de financiamiento eficaces para el cierre de operaciones genera un riesgo significativo de que las empresas no cumplan con sus obligaciones y de que los costos de remediación se trasladen al Estado y a la ciudadanía. A ello se suman los riesgos de no promover el pleno ejercicio del derecho a la participación ciudadana y de no tener en cuenta las preocupaciones de la población.
• El Perú debería fortalecer su marco regulatorio para asegurar un cierre de operaciones hidrocarburíferas efectivo y financiado integralmente, lo que incluye: (i) exigir una planificación temprana y participativa del abandono; (ii) revisar los mecanismos actuales de garantía financiera y considerar alternativas, como fondos de abandono, que mitiguen el riesgo de financiamiento insuficiente; (iii) garantizar procedimientos eficientes para la evaluación de los planes de abandono; (iv) ejercer una supervisión efectiva de las actividades de abandono; y (v) abordar los incentivos que tienen las empresas para evadir el abandono.

En los últimos años, la producción de hidrocarburos en el Perú ha mostrado una tendencia a la baja debido a una combinación de factores, entre ellos el bajo nivel de inversión y la paralización de la explotación en algunos lotes de la región, especialmente en la Amazonía. Esta situación podría conllevar una salida progresiva del sector, impulsada por reformas fiscales, diversificación económica y una transición hacia una matriz energética más limpia, en línea con los compromisos climáticos asumidos por el país (Viale, 2024).

Sin embargo, una transición energética justa no puede centrarse únicamente en el cambio progresivo hacia las energías renovables. Supone también enfrentar con rigurosidad la gestión responsable del cierre de las operaciones hidrocarburíferas, de modo que no se perpetúen impactos ambientales y sociales que profundicen la vulnerabilidad de ciertos territorios y poblaciones. La forma en que se aborde el cierre de operaciones es, por tanto, un componente esencial de dicha transición. Para integrar esta dimensión en la transición, se requiere una planificación seria y participativa que considere no solo el futuro del sistema energético, sino también la forma en que se remedia los impactos de las actividades extractivas.

La falta de planificación previa puede llevar a que las empresas no se preparen adecuadamente para ejecutar el abandono, ya sea postergando su preparación, subestimando los costos o no destinando los recursos financieros necesarios. En última instancia, esto puede traducirse en impactos ambientales y sociales no atendidos, costos del abandono asumidos por el Estado o, en el peor de los casos, que sean las propias comunidades las que deban enfrentar las externalidades ambientales y sociales negativas de esta actividad.

El Perú ya enfrenta las consecuencias de la falta de remediación de pasivos ambientales y sitios impactados por actividades de hidrocarburos. Estos problemas son el resultado tanto de décadas de explotación petrolera sin un marco normativo ambiental adecuado, como de la finalización de operaciones en lotes sin un plan de abandono aprobado y ejecutado. Ante ello, los costos que deben asumir el Estado y la ciudadanía son enormes.

Los impactos son aún más críticos en la Amazonía peruana, una región de extraordinaria riqueza biológica y cultural, esencial para la mitigación y adaptación al cambio climático. Su estrecha interdependencia con otros ecosistemas y con las comunidades que dependen directamente de sus recursos la convierte en una zona estratégica para la construcción de un futuro sostenible. Sin embargo, esta región también alberga importantes reservas de  hidrocarburos cuya explotación, en algunos casos realizada de manera poco sostenible durante décadas, ha generado degradación ambiental y conflictos sociales, lo que ha afectado particularmente a los pueblos indígenas. Esta situación evidencia la necesidad de un esfuerzo articulado y urgente para atender la problemática expuesta.

Teniendo esto en cuenta, para avanzar hacia un futuro verdaderamente sostenible es impostergable incorporar medidas concretas de reparación ambiental y de justicia para quienes han sufrido los mayores impactos del desarrollo energético. Pero la justicia en la transición energética exige no solo saldar deudas históricas sociales y ambientales, sino también evitar que estas se reproduzcan durante el proceso de transformación del modelo energético.