Beneficio o espejismo: las implicancias de la reactivación petrolera en Loreto

El Gobierno Regional de Loreto (Gorel) quiere reactivar la industria petrolera argumentando que los ingresos generados por esta actividad podrían impulsar el desarrollo económico local. Aunque esta propuesta aparenta ofrecer beneficios económicos a corto plazo, resulta crucial analizar a fondo las implicaciones a largo plazo en términos ambientales, sociales y económicos.

La posición del Gorel quedó evidenciada durante el evento Diálogo sobre el rol del petróleo y la remediación ambiental en el desarrollo sostenible de Loreto: retos y compromisos organizado por esta institución del Estado, y que reunió a 650 líderes y lideresas indígenas del departamento. Durante el evento se destacó la promulgación de la Ley N.º 31934 (2023), que modifica la distribución del canon y sobrecanon petrolero en el departamento de Loreto, y que prioriza a las zonas productoras. Varios expositores, entre ellos algunos congresistas que representan a Loreto, subrayaron el impacto de esta industria en términos de recaudación fiscal, especialmente en el distrito de Puinahua y la provincia de Requena, donde se encuentra el Lote 95. Actualmente, el único lote en producción en Loreto.

El distrito de Puinahua, de 2023 a 2024, pasó de recaudar S/. 526 030 a más de 22 millones de soles (aproximadamente USD 6 000 000), y la provincia de Requena incrementó su recaudación de S/.1 816 914 a más de 20 millones de nuevos soles (USD 5 500 000). Estas cifras fueron el principal argumento para señalar la necesidad de reactivar todos los lotes del departamento y de elevar la producción regional de 15 000 a 106 000 barriles por día de acuerdo con las reservas contabilizadas por PetroPerú.

Esta cifra, si bien es prometedora en términos de ingresos, omite realidades cruciales: no se puede garantizar que todas las reservas estimadas de petróleo sean explotables; la mayoría de los lotes están paralizados debido a conflictos socioambientales; no incluye la proyección de la caída de precios internacionales del petróleo en el marco de la transición energética; y, además, omite por completo los costos de la remediación de los pasivos ambientales y de reparación a las comunidades afectadas. Un caso claro es el del Lote 192, donde el costo del Plan de Abandono de las operaciones de PlusPetrol superan en más del doble a los ingresos por regalías que el departamento obtuvo durante la operación de la empresa.

Además de las proyecciones de potenciales montos recaudados para los gobiernos locales, el ex ministro de Economía y Finanzas, Luis Carranza, presentó proyecciones de creación de empleos en un escenario de reactivación petrolera, utilizando cifras de un estudio que sugiere que por cada $ 15 000 invertidos en la industria se genera un puesto de trabajo directo y dos puestos de trabajo indirectos. Sobre este punto, cabe recalcar que la producción petrolera es altamente automatizada, lo que le permite alcanzar una alta productividad, pero, a la vez, genera menos empleos en comparación con otros sectores. También, es importante señalar que el sector emplea mano de obra tecnificada por lo que, muchas veces, se contrata a personal externo a Loreto. Así, la promesa de empleo para las comunidades amazónicas se presenta como incierta.

Urge un plan de remediación ambiental

A pesar de que el evento incluyó la remediación ambiental en su título, este tema fue tratado de manera rápida y superficial con propuestas que carecieron de detalle y sustento técnico, algo que los líderes y lideresas indígenas señalaron en diversos momentos del evento. Los representantes del Gorel plantearon que el Fondo de Contingencia para la Remediación Ambiental sea ejecutado por el Gobierno Regional en lugar de Profonanpe y que, además, se cree un mecanismo para que parte del canon petrolero sirva para remediar los impactos del sector.

Es imprescindible analizar los vacíos legales y los cuellos de botella en la recaudación y la implementación de la remediación, pero, llama la atención el mensaje de promover la actividad petrolera para solucionar su propio impacto. Por ejemplo, desde 1997 hasta 2023 el Estado ha registrado 1462 emergencias o derrames petroleros, el 87 % en Piura y Loreto. En ese sentido, una potencial reactivación tendría que, por lo menos, enfatizar las condiciones de gobernanza para que no se repitan los impactos negativos del pasado.

El enfoque en los potenciales beneficios de la reactivación petrolera no debe opacar la urgencia de abordar los impactos acumulados ni la necesidad de implementar una remediación ambiental efectiva. Para garantizar resultados reales, es indispensable que las políticas públicas destinadas a este fin no dependan exclusivamente de las mismas industrias responsables de los daños, sino que establezcan mecanismos claros y sostenibles para su ejecución.

Desde NRGI, consideramos que el debate sobre la reactivación petrolera en Loreto trasciende los argumentos económicos de corto plazo y debe centrarse en construir una visión de desarrollo para el departamento que considere los compromisos climáticos del país, la reparación a las comunidades históricamente afectadas y las tendencias del mercado internacional. En ese sentido, nos parece fundamental promover un modelo de desarrollo que priorice la diversificación económica y la planificación energética integral, incorporando fuentes limpias de energía para Loreto. Insistir en un modelo extractivista sin abordar estos aspectos no solo es insostenible, sino que condena a Loreto a repetir los errores del pasado en lugar de avanzar hacia un futuro más justo, inclusivo y resiliente.