Minerales para la transición energética: propuestas de salvaguardas para América Latina sobre los principios de la ONU

La actual crisis climática representa un riesgo inminente para el planeta, manifestado, entre otras cosas, por el calentamiento global, la pérdida de biodiversidad y la contaminación. Estas problemáticas han incentivado la búsqueda de medidas urgentes como la descarbonización para poder mitigarlas.

En este contexto, la transición energética (TE), impulsada por la electrificación del transporte, el almacenamiento de energía y la expansión de las energías renovables, ha generado una demanda sin precedentes de minerales como cobre, litio, cobalto, níquel, grafito y tierras raras. Según la Agencia Internacional de Energía (IEA, 2025a) y el Banco Mundial (2020), la demanda de litio aumentó cerca de un 30 % en los últimos cinco años, mientras que la de níquel, cobalto, grafito y tierras raras creció entre 6 y 8 %. El cobre, con incrementos más moderados (2–3 % anuales) se mantiene como el mineral más transversal, utilizado en al menos 10 tecnologías de producción, transporte y almacenamiento de energía. Se estima, además, que esta demanda podría incluso triplicarse para 2030 (IEA, 2024a).

Ante este panorama, los países importadores han adoptado políticas de seguridad minera y elaborado listas de “minerales críticos” o “estratégicos” para reducir los riesgos de suministro y fortalecer sus industrias. Entre 2011 y 2025, países como Australia, Canadá, Estados Unidos, Reino Unido y los miembros de la Unión Europea actualizaron sus metodologías de evaluación de criticidad. Por su parte, naciones productoras como Brasil, Chile, Colombia, Indonesia, Malasia, Nigeria, Sudáfrica, Zambia y la República Democrática del Congo formularon estrategias nacionales para aprovechar la demanda y garantizar beneficios locales (IEA, 2025b; Mineral & Petroleum Resources, 2025).

Sin embargo, esta creciente demanda de minerales, si bien abre oportunidades para los países productores, también plantea desafíos importantes en la gestión de estos recursos y genera riesgos sociales y ambientales considerables. En respuesta a ello, la Organización de las Naciones Unidas dio un paso decisivo con la creación del Panel del Secretario General sobre Minerales Esenciales para la Transición Energética (Organización de las Naciones Unidas, 2024). En septiembre de 2024, dicho Panel presentó siete principios y cinco recomendaciones orientadas a promover cadenas de valor responsables y sostenibles. A su vez, la Oficina del Alto Comisionado para los Derechos Humanos (2024) subrayó que toda acción relacionada con estos minerales debe tener como eje central el respeto por los derechos humanos, la participación comunitaria y la protección de la naturaleza. Estas condiciones son esenciales para garantizar una transición energética justa y equitativa que no repita los patrones históricos del extractivismo.

El presente documento es el resultado de un esfuerzo conjunto entre Transforma y Natural Resource Governance Institute (NRGI), cuyo propósito es proponer salvaguardas sociales, ambientales y de gobernanza aplicables al contexto latinoamericano. El enfoque se centra en el eslabón de producción minera de las cadenas tecnológicas asociadas a la transición energética y busca aterrizar las orientaciones del Panel de Naciones Unidas en acciones específicas adaptadas a realidades concretas. Las salvaguardas propuestas se fundamentan en los principios y recomendaciones del Panel y tienen como fin garantizar que la producción de minerales para la TE respete los derechos humanos y colectivos; proteja los ecosistemas y genere beneficios tangibles en los territorios donde estos recursos se encuentran.

Cabe aclarar que las salvaguardas y recomendaciones aquí presentadas se derivan de los hallazgos obtenidos de seis estudios de caso y tres talleres presenciales realizados en Chile, Colombia y Perú. Estos ejercicios se centraron en la revisión de los procesos de producción y gobernanza de minerales clave para la transición energética. La investigación cualitativa se desarrolló entre marzo y julio de 2025, con estudios primarios sobre minería de cobre en Tarapacá (Chile), Arequipa (Perú) y Jericó-Támesis (Colombia), así como estudios secundarios sobre litio en Chile, zinc en Perú y níquel en Colombia. En los estudios primarios se realizaron entrevistas a actores comunitarios, autoridades locales, organizaciones civiles y representantes del sector privado.

Estas entrevistas fueron complementadas con talleres de validación nacionales en Santiago, Lima y Bogotá que contaron con la participación de más de 50 personas en total. La información recopilada fue sistematizada mediante codificación abierta, lo que permitió identificar patrones y desafíos comunes entre los tres países.