Pueblos indígenas y transición energética justa: voces de América Latina

En América Latina viven más de 800 pueblos indígenas, que suman unos 58 millones de personas (10 % de la población regional). Muchos de ellos aún enfrentan pobreza, exclusión y acceso limitado a servicios básicos y tecnologías. En este contexto de desigualdad persistente, su participación efectiva en los procesos de transición energética se vuelve no solo necesaria, sino urgente. Especialmente ante la preocupante reducción del espacio cívico, que impone crecientes obstáculos para que sus voces sean escuchadas.  

Los modelos de gobernanza de los recursos naturales deben adoptar enfoques más inclusivos y sostenibles, que no solo abran espacios de participación para los pueblos indígenas, sino que garanticen su capacidad de incidir en las decisiones. Esta participación debe contribuir a revertir las desigualdades históricas y a transformar las estructuras que han perpetuado su marginación, reconociendo e incorporando sus visiones y conocimientos en la gestión de los recursos y la transición energética.  

NRGI considera fundamental fortalecer el aprendizaje sobre las perspectivas de los pueblos indígenas en un contexto de transición energética global, reconociendo y respetando el valioso trabajo que otras organizaciones de la sociedad civil han venido realizando durante años. Por eso, nos reunimos con líderes de organizaciones indígenas y representantes de la sociedad civil para profundizar el análisis sobre el papel de los pueblos indígenas de América Latina en la transición energética. A continuación, desarrollamos los temas que se discutieron en este evento.  

Una transición energética que intensifica la presión sobre América Latina 

América Latina ha sido históricamente uno de los principales destinos de inversión en industrias extractivas. Países como Perú, Colombia, México y Chile sustentan gran parte de su desarrollo económico en la explotación intensiva de recursos naturales. Sin embargo, este modelo enfrenta una presión creciente en el contexto de la crisis climática global. El 2024 fue el año más cálido registrado y el primero en superar los 1.5 °C de calentamiento global promedio. Este hito subraya la urgencia por acelerar la transición energética, un proceso que, lejos de aliviar la presión sobre América Latina, podría intensificarla al aumentar la demanda de minerales esenciales para esta transformación.

Se proyecta, por ejemplo, que para el 2035 la demanda global de cobre se duplique, debido a su rol estratégico en el desarrollo de infraestructura necesaria para la transición energética. Por su parte, el litio, insumo esencial para la fabricación de baterías utilizadas en vehículos eléctricos y sistemas de almacenamiento de energía, necesitaría multiplicar su producción por nueve para el 2040, y así poder cumplir con los objetivos de emisiones netas cero al 2050.  

La creciente demanda de minerales de transición podría ampliar la brecha entre oferta y demanda, intensificando la presión sobre los países productores, generar nuevas tensiones sociales y ambientales, y poner en mayor evidencia las debilidades en los marcos regulatorios. A la vez, este escenario posiciona a los países de nuestra región como actores estratégicos en el proceso de descarbonización global. Para maximizar beneficios y mitigar riesgos, se requiere una gobernanza sólida, una visión de largo plazo y una transición verdaderamente justa. Esto implica incluir de forma central las perspectivas de los pueblos indígenas y atender sus expectativas frente al nuevo ciclo extractivo que se proyecta.

Perspectivas indígenas: repensando la transición desde los territorios 

El evento de NRGI no solo tuvo como objetivo identificar los desafíos y oportunidades para lograr una transición energética justa, inclusiva y respetuosa con las realidades y derechos de los pueblos indígenas, sino también, fomentar el aprendizaje colectivo de la organización a nivel global y de socios y aliados estratégicos de NRGI en la región. Nos acompañaron Mayra Macedo de la Organización Nacional de Mujeres Indígenas Andinas y Amazónicas del Perú (Onamiap); Sonia Mutumbajoy de la Asociación de Mujeres Indígenas de Colombia (Asomi); el apu Miguel Guimaraes de la Asociación Interétnica de Desarrollo de la Selva Peruana (Aidesep); y Denisse Linares de la oenegé Derecho Ambiente y Recursos Naturales (DAR).

El derecho al territorio, uno de los temas más sensibles para las comunidades indígenas, fue el catalizador de la conversación. Los territorios indígenas, concebidos como espacios vitales y de significación cultural, han sido históricamente excluidos de los procesos formales de toma de decisiones. En muchos casos, los mecanismos de consulta previa no han asegurado el consentimiento libre, previo e informado, y han sido instrumentalizados para legitimar intervenciones que comprometen la autodeterminación de las comunidades.  

Para Sonia Mutumbajoy, “la consulta previa está siendo instrumentalizada para legitimar la presencia de las empresas en territorios indígenas y avanzar con la explotación sin otra consideración, (…) nos convocan a los procesos para que digamos sí, porque decir no en el marco de los procesos de consulta, no es una alternativa, finalmente los proyectos se imponen sobre la voluntad de los pueblos indígenas”. De ahí la necesidad de garantizar el derecho de los pueblos indígenas para definir sus propios modelos energéticos, en coherencia con sus cosmovisiones, prioridades y estructuras organizativas.

La transición energética, tal como se presenta hoy en América Latina, corre el riesgo de reproducir las mismas lógicas extractivistas que históricamente han afectado a las poblaciones más vulnerables. Desde los territorios, se cuestiona que este proceso se limite a una transición tecnológica —del uso de combustibles fósiles a fuentes renovables— sin replantear los modelos de producción, consumo y gobernanza energética. Una transición verdaderamente justa exige ir más allá del reemplazo de la matriz energética: requiere transformar las estructuras que han generado desigualdades, exclusión y degradación ambiental.

“La expansión de tecnologías ‘verdes’, como paneles solares o baterías de litio, no puede justificarse si perpetúa un modelo de explotación intensiva de recursos, sin participación ciudadana ni reparación de los daños causados por décadas de extractivismo”, planteó Mayra Macedo. El riesgo de sustituir un extractivismo fósil por uno ‘renovable’ sin un cambio de paradigma real es alto, y puede tener consecuencias igualmente destructivas para los ecosistemas y las culturas indígenas.

Más allá de una transición tecnológica: un cambio de paradigma 

Urge replantear la concepción de la energía, entendiéndola no solo como una mercancía sujeta a las lógicas del mercado, sino como un bien común fundamental para el ejercicio de derechos y la garantía de condiciones de vida digna. Hoy en día, el acceso a la energía sigue siendo profundamente desigual: mientras algunas comunidades indígenas conviven con los impactos de los proyectos mineros, hidroeléctricos o hidrocarburíferos en sus territorios, muchas de ellas no tienen acceso a electricidad o acceden en condiciones precarias.  

“(…) por ejemplo, en mi comunidad, nosotros tenemos cerca una línea de transmisión de la central hidroeléctrica del Mantaro; sin embargo, es un servicio que no favorece al pueblo Shiwilu. Han deforestado gran cantidad de territorio, y ni siquiera tenemos el servicio. Hay uno o dos días en la semana y después ya no tenemos energía” señala Mayra Macedo. Y, continúa, “seguimos viviendo en un mundo colonizado, en el que las grandes corporaciones crean necesidades ajenas a nuestros modos de vidas ancestrales haciéndonos consumistas y dependientes”. Esta contradicción revela la urgencia de una planificación energética centrada en las personas, que priorice el cierre de brechas históricas y que reconozca la autonomía de los pueblos indígenas sobre sus territorios.

Justicia y reparación como pilares de la transición 

Otro aspecto crítico es la deuda ambiental y social acumulada por décadas de explotación petrolera y minera, especialmente en la Amazonía. Aún hoy, comunidades indígenas conviven con pasivos ambientales no remediados, falta de servicios básicos y ausencia de titulación de sus territorios. No puede haber transición justa sin reparación de estos daños, sin justicia ambiental ni garantías plenas de derechos.

Denisse Linares destacó que la colaboración entre sociedad civil y organizaciones indígenas es fundamental para avanzar hacia una transición inclusiva. Se necesita un trabajo articulado que permita incidir en la planificación energética, fortalecer la gobernanza territorial, promover modelos energéticos comunitarios, remediar pasivos ambientales y asegurar mecanismos de financiamiento justo y servicios públicos. Las experiencias existentes en algunos territorios demuestran que es posible construir soluciones energéticas sostenibles desde lo local, siempre que se respeten las voces y conocimientos de quienes habitan los territorios y con enfoque de derechos humanos.

Los territorios indígenas no son zonas de sacrificio para alimentar la promesa de un futuro verde; son espacios de vida, resistencia y sabiduría que tienen mucho que aportar a la construcción de modelos más sostenibles y equitativos. Incorporar sus voces, respetar sus decisiones y aprender de sus formas de relacionarse con la naturaleza son pasos imprescindibles para avanzar hacia una transición verdaderamente justa. La transición no debe ser solo técnica, debe ser profundamente política, social y cultural.

El desafío no es menor. Implica cuestionar privilegios, redistribuir poder y cambiar la manera en que concebimos el desarrollo y la energía. Pero también es una oportunidad de sanar heridas históricas, de construir alianzas y de imaginar futuros donde la justicia climática, social y ambiental vayan de la mano.

Desde NRGI, seguiremos impulsando espacios de diálogo como este, con la convicción de que una transición energética justa requiere la participación activa y el reconocimiento de los pueblos indígenas como actores clave en los procesos de planificación y toma de decisiones.