La transición energética también debe ampliar el poder de decisión de las mujeres

En Colombia, esa pregunta es especialmente relevante en los territorios productores, donde la transición no ocurre en abstracto, sino en comunidades que ya enfrentan desigualdades históricas, conflictos por el territorio y profundas brechas de género. Allí, la transición no solo transformará la matriz energética, también redefinirá quién decide sobre el futuro de los territorios. En otras palabras, no solo está en juego cómo se distribuyen los costos y los beneficios, sino cómo se distribuye el poder.

Desde nuestro trabajo con socios, comunidades y actores locales en regiones productoras del país, emergen tres lecciones que ayudan a entender por qué la igualdad de género no es un punto de llegada sino una condición para construir una transición que no deje a nadie atrás.

No basta con tener una silla en la mesa

Las mujeres ya desempeñan un papel central en el desarrollo de las economías locales, el cuidado de los territorios y el tejido social. Sin embargo, siguen estando subrepresentadas en los espacios donde se toman las decisiones sobre su futuro.

De acuerdo con el informe de la Misión de Observación Electoral, MOE, en 2023 sólo cerca del 25 % de las personas elegidas fueron mujeres. La representación femenina en departamentos productores osciló entre 16,7 % en Putumayo y 31,2 % en La Guajira, lo que evidencia que aún persisten grandes brechas que impiden alcanzar la paridad de género en cargos públicos.

Pero el verdadero reto no es únicamente aumentar el número de mujeres en política. La participación ciudadana y la organización comunitaria son también espacios desde los cuales las mujeres impulsan procesos colectivos e inciden en las decisiones sobre el desarrollo territorial. La transición energética abre nuevos escenarios de diálogo y gobernanza donde esa experiencia puede traducirse en un mayor poder de decisión. Para aprovechar esta oportunidad será necesario fortalecer sus capacidades para participar e incidir en estos procesos, garantizar el acceso a información, promover instituciones sensibles al género y proteger el espacio cívico de las lideresas y defensoras del territorio.

La experiencia de regiones como Putumayo muestra que aunque registra una de las participaciones más bajas de mujeres elegidas, varios de los municipios del departamento han desarrollado políticas de género sólidas, impulsadas por organizaciones de mujeres territoriales. Esto demuestra que la capacidad de incidir no depende solo de la representación política, sino también de la fortaleza de la organización social y de las instituciones que la respaldan.

En La Guajira, por su parte, las mujeres Wayuu han sido voces centrales en la defensa del agua, el territorio y los derechos colectivos frente a los impactos de la minería de carbón y, más recientemente, de la expansión de proyectos de energías renovables. El desafío ahora es que ese liderazgo también se refleje en las decisiones sobre cómo se diseña y quién se beneficia de la transición energética.  

Una transición justa no puede invitar a las mujeres solo cuando las decisiones ya están tomadas. Debe incorporarlas desde el diseño, la planeación y la gobernanza de los procesos de desarrollo territorial.

La diversificación económica no es automáticamente inclusiva

Las alternativas que se discuten para los territorios productores tales como energías renovables, agroecología, turismo de naturaleza y otras actividades pueden abrir nuevas oportunidades económicas, empleo y emprendimiento para las mujeres. Sin embargo, cambiar el carbón o el petróleo por nuevas actividades productivas no garantiza, por sí solo, una transición más equitativa. Si no se corrigen las brechas estructurales existentes, las nuevas oportunidades podrían reproducir las mismas desigualdades que han caracterizado históricamente a los territorios dependientes de la extracción.

La economía extractiva ha ofrecido históricamente una participación limitada para las mujeres. De acuerdo con el Informe Contextual de la Iniciativa para la Transparencia de las Industrias Extractivas, EITI, en 2022 las mujeres representaron apenas el 11 % de los empleos en minería y el 22 % en hidrocarburos.

Pero el acceso al empleo es solo una parte del desafío. Las oportunidades asociadas a la diversificación dependen del acceso a activos productivos como tierra, crédito, formación técnica, infraestructura, información y redes comerciales. En los territorios productores, las mujeres siguen teniendo un acceso mucho más limitado a estos recursos.
La tierra es un ejemplo claro. De acuerdo con cifras de ONU Mujeres y el Departamento Administrativo Nacional de Estadística, DANE,  las mujeres poseen sólo alrededor del 31 % de la tierra rural en Cesar, el 34 % en La Guajira, el 36 % en Putumayo y el 41 % en Meta. Sin acceso a estos activos será difícil que puedan aprovechar plenamente las oportunidades que ofrece la transición e incidir en las decisiones sobre el desarrollo económico de sus territorios. 
La transición energética no será justa solo al promover sectores distintos al carbón o al petróleo. Será justa si esos sectores abren oportunidades reales para las mujeres quienes han estado históricamente por fuera de la propiedad, los empleos y la toma de decisiones.

El reto no es solo distribuir costos y beneficios, sino redistribuir poder

Los nuevos proyectos asociados a la transición energética no solo plantean la pregunta de cómo se distribuirán sus costos y beneficios, sino también quién tendrá el poder de decidir sobre ellos.

La transición ofrece una oportunidad única porque las reglas de esos espacios aún se están diseñando. A diferencia de la economía extractiva tradicional, donde las relaciones de poder ya estaban consolidadas, los nuevos mecanismos de gobernanza de proyectos renovables, propiedad comunitaria o distribución de beneficios todavía pueden construirse con criterios de igualdad. 
En La Guajira, las comunidades han vivido durante décadas los impactos de la extracción de carbón y hoy enfrentan también la llegada de proyectos de energía renovable. Para las mujeres, y en particular para las mujeres indígenas y lideresas territoriales, la transición puede representar una oportunidad o una nueva forma de exclusión, dependiendo de cómo se diseñen las reglas.
Los modelos de propiedad comunitaria, la participación accionaria, los fondos de beneficio comunitario y el acceso a energía para usos productivos pueden abrir caminos distintos. Sin embargo, su impacto real depende de la incorporación de medidas explícitas de inclusión de género desde el inicio.

Esto implica fortalecer las capacidades técnicas, jurídicas, organizacionales y financieras de las mujeres para que puedan negociar e incidir en la gobernanza de estos proyectos. En otras palabras, pasar de ser consultadas a compartir el poder de decisión sobre el futuro de sus territorios. 

Una transición justa no debería tratar a las mujeres como destinatarias pasivas de compensaciones. Debe reconocerlas como actoras con capacidad para definir el rumbo de su futuro y el de sus territorios. 

Una pregunta para el debate público

La transición energética ofrece una oportunidad: la posibilidad de redefinir las reglas antes de que se consoliden nuevas desigualdades. Aprovecharla exige dejar de preguntarnos cómo incorporar a las mujeres en la transición y empezar a preguntarnos cómo construir una transición en la que puedan decidir y beneficiarse en igualdad de condiciones. Porque una transición justa no solo cambia la matriz energética, también redistribuye el poder.