Valor más allá de la mina: promoviendo oportunidades equitativas en México

Image: Mexican Female Miner by Solidarity Center under Creative Commons Attribution (CC BY) 2.0 Generic licence.

No se trata solo de maximizar los beneficios económicos, sino de garantizar oportunidades justas e inclusivas y una distribución equitativa de los beneficios. Los principios 3 y 4 del informe del Panel de la ONU destacan la importancia de abordar las barreras socioeconómicas mediante la participación de las mujeres en la toma de decisiones antes, durante y después de las operaciones mineras. Sin embargo, pese a su cercanía a estas actividades, las mujeres suelen quedar excluidas de los beneficios formales del sector, relegadas a roles informales, periféricos o menos remunerados. 

En países con una fuerte actividad minera y capacidad industrial —como México—, la adición de valor equitativa ofrece un camino prometedor para superar la dependencia a la actividad extractiva y generar una prosperidad compartida. No obstante, esta oportunidad no está exenta de desafíos y los riesgos deben evaluarse con cuidado. Asimismo, si las estrategias de adición de valor equitativa no priorizan la equidad de género, existe el riesgo de perpetuar las desigualdades vigentes en la actualidad. 

De la extracción a la equidad 

México es uno de los principales productores mundiales de 17 metales y minerales de transición como cobre, plata, grafito y manganeso, insumos esenciales para las industrias electrónica, de energías renovables y automotriz. Además, posee importantes recursos de litio, lo que lo posiciona como un potencial líder en las cadenas globales de valor de minerales. La minería contribuye con el 2.7 por ciento al Producto Interno Bruto (PIB) nacional y alrededor del 9 por ciento al PIB industrial, empleando directamente a unas 400 000 personas y generando más de 2 millones de empleos indirectos. 

Por otro lado, México ocupa el quinto lugar en producción de vehículos y el tercero en exportaciones. La industria automotriz genera más de USD 100 mil millones anuales —principalmente por el comercio con Estados Unidos— y aporta cerca del 4.7 por ciento del PIB nacional y más del 20 por ciento del PIB manufacturero. Este sector también sostiene más de un millón de empleos directos y más de 3.5 millones en empleos indirectos. 

Estos dos sectores —minería y manufactura automotriz— son clave para el futuro económico de México. Sin embargo, ambos están marcados por profundas desigualdades de género. Las mujeres representan solo el 17 por ciento de la fuerza laboral minera y apenas el 12 por ciento ocupa puestos de liderazgo. En la industria automotriz, las mujeres son el 37 por ciento del total de empleados, pero solo el 13 por ciento de la mano de obra en manufactura. 

Más allá de la subrepresentación, las mujeres también enfrentan amenazas a su seguridad. A nivel nacional, más del 70 por ciento de las mujeres en México reportan haber sufrido algún tipo de violencia. En el transporte público, el problema es especialmente grave: en zonas industriales, por ejemplo, el 60 por ciento de las mujeres reportó abusos durante sus traslados. Además, el 28 por ciento ha enfrentado violencia laboral. Lo más alarmante es que hasta el 94 por ciento no presenta denuncias ni solicita apoyo. 

Adición de valor equitativa: una estrategia con doble propósito 

Cada vez hay más consenso en que la transición energética no debe profundizar las desigualdades existentes. NRGI contribuye a esta conversación destacando la doble oportunidad que ofrece la adición de valor equitativa. Económicamente, apoya a países como México a ascender en la cadena de valor —de exportar materias primas a producir bienes de alto valor —. Socialmente, abre caminos hacia la equidad de género al promover empleos formales, bien remunerados y seguros para mujeres en los sectores minero y manufacturero. También hemos promovido esta propuesta a través del T20, instando al G20 impulsar un marco global para la adición de valor y la distribución justa de beneficios. 

Una transición justa exige igualdad de género e inclusión social en cada etapa —desde la extracción de minerales hasta la adición de valor —. Para que tenga éxito, esta transición debe estar guiada por una gobernanza que priorice estos objetivos, incluyendo una debida diligencia con perspectiva de género a lo largo de las cadenas de suministro y políticas locales que vinculen las tecnologías verdes con beneficios tangibles para las mujeres.  

Conectando agendas: el ejemplo de Hermosillo 

La transición hacia los vehículos eléctricos (VE) está transformando la industria automotriz, pero no todos los empleos se mantendrán. Solo un tercio de las categorías laborales relacionadas con los VE coincide con las habilidades requeridas empleos del sector de motores de combustión interna, lo que hace esencial la capacitación. Sin embargo, en México, apenas el 30 por ciento de los profesionales en campos de ciencia, tecnología, ingeniería y matemáticas (STEM) son mujeres, lo que limita su acceso a oportunidades futuras. 

Por ello, una estrategia de adición de valor equitativa con enfoque de género debe incluir:  

• Programas de capacitación dirigidos a mujeres
• Incentivos para el emprendimiento femenino en procesamiento de minerales y sectores tecnológicos
• Cuotas o metas de contratación para mujeres en toda la cadena de valor 

En Hermosillo, la voluntad política está impulsando cambios significativos. El gobierno local implementó un plan de desarrollo con iniciativas de género: transporte eléctrico (autobuses y taxis) manejado por mujeres para mujeres, mejor iluminación pública en zonas de alto riesgo, instalación de paneles solares en hogares con jefatura femenina y la creación de una cooperativa para empoderar a mujeres en energías renovables. Este es solo un ejemplo de cómo la adición de valor equitativa con perspectiva de género puede vincular tecnología verde con impacto social en la práctica. 

¿Por qué importan las evaluaciones de impacto con enfoque de género? 

Para que las mujeres en comunidades mineras se beneficien de infraestructura compartida, capacitación y cadenas de valor locales, son esenciales las evaluaciones con enfoque de género que identifiquen barreras y propongan soluciones prácticas. Estas evaluaciones deben ser ordenadas y supervisadas por los gobiernos, implementadas por las compañías mineras y enriquecidas con la participación activa de la sociedad civil. 

En América Latina, algunos países ya avanzan. Por ejemplo, en Catamarca, Argentina —también rica en minerales de transición como el litio—, desde 2022 el gobierno ¿local, nacional? integró un indicador de género en las declaraciones de impacto ambiental. Esto obliga a las compañías mineras a evaluar impactos específicos en todas las etapas de los proyectos, desde exploración hasta cierre. Impulsada por comunidades locales y respaldada por el Foro Intergubernamental sobre Minería (IGF), esta política busca crear espacios laborales más seguros e inclusivos. 

Este enfoque dirigido y basado en la gobernanza ofrece un modelo útil para México. A medida que el país incremente las inversiones en minerales de transición, el país tendrá la oportunidad de aplicar herramientas similares, adaptadas a las realidades locales, para garantizar que la minería contribuya tanto a la transición energética como a la equidad de género. 

Lo que debe ocurrir 

Para que la adición de valor equitativa sea económicamente transformadora y socialmente justa, es crucial crear un entorno propicio. En el contexto de México, los responsables de políticas a nivel federal y estatal deben impulsar reformas que eliminen barreras legales y garanticen los derechos y la participación de las mujeres en todos los segmentos de la cadena de valor de los minerales. Esto incluye: 

• Acceso equitativo a licencias y mercados
• Apoyo financiero dirigido
• Servicios de cuidado infantil, protección social e infraestructura pública asequibles y adecuados
• Capacitación técnica para mujeres en campos STEM 

Al mismo tiempo, los actores industriales, incluidas las mineras, fabricantes de automóviles y proveedores, deben adoptar políticas con perspectiva de género, especialmente en contratación, seguridad laboral y adquisiciones. Las organizaciones de la sociedad civil también desempeñan un papel clave monitoreando implementación, exigiendo rendición de cuentas y amplificando las voces de las mujeres en la toma de decisiones. 

La colaboración multisectorial es esencial. Agencias gubernamentales, CAMIMEX, WIM-México, organismos internacionales y asociaciones comerciales deben trabajar juntos para desarrollar oportunidades inclusivas y con equidad de género a lo largo de la cadena de valor. La transparencia de datos públicos y las Evaluaciones de Impacto Ambiental (EIA) son fundamentales para medir el progreso. 

Las asociaciones público-privadas inclusivas y diálogos multisectoriales pueden ayudar a los gobiernos subnacionales y a las comunidades a retener valor localmente, mitigar posibles desafíos y prepararse para futuras oportunidades en la transición energética global. 

La oportunidad de liderar 

México está en una posición favorable para liderar una transición energética justa que valore tanto sus recursos naturales como a su gente. El Plan México de la actual administración busca posicionar al país entre las 10 economías más grandes del mundo, enfocándose en la industrialización verde, incluido el desarrollo de cadenas de valor para VE y energías renovables. 

Pero para convertir esta visión en beneficios socioeconómicos duraderos, la equidad de género debe ser un elemento central del enfoque de adición de valor equitativa, no una ocurrencia de último momento. La verdadera pregunta no es si este modelo puede impulsar la equidad de género, sino si los actores con poder, como responsables de políticas, líderes empresariales, la sociedad civil y los agentes locales, elegirán hacerlo realidad.