Encuentro “Transparencia en el sector extractivo”
La Mesa Ampliada de la Sociedad Civil (MASC), el Punto Nacional de Contacto y la Universidad Central convocaron en Santiago un foro con la academia, el sector privado, el Ministerio del Medio Ambiente y organizaciones de la sociedad civil para discutir qué información falta sobre el sector extractivo. Moderó Pedro Zapata, oficial de programas del Natural Resource Governance Institute (NRGI). El diagnóstico terminó siendo otro: la información está, pero repartida en registros que no se hablan entre sí.
El EITI es el estándar global de transparencia para minería, petróleo y gas: exige divulgar contratos, producción, impuestos pagados, destino de esos ingresos y dueños reales de las empresas, con un grupo multiactor donde Estado, industria y sociedad civil deciden de igual a igual. Chile se incorporó en septiembre de 2025 como país 55 y undécimo de América Latina. Su ingreso pesa fuera de sus fronteras: es el principal productor mundial de cobre y de los mayores de litio, y llega con una tradición larga de datos públicos. Lo que resuelva acá lo van a mirar otros productores. La pregunta del foro era qué debía contener el primer informe.
Mucha información, poca capacidad de integrarla
Jorge Rodríguez, expresidente del Consejo Fiscal Autónomo, abrió con una paradoja. La Ley de Presupuestos tenía cien páginas en los noventa y hoy tiene ochocientas; la DIPRES pasó de un par de informes al año a unos cuarenta. Y la brecha entre lo que se publica y lo que se pide no se cierra: “Es como ir persiguiendo el arcoíris”.
En 2025, el cobre privado, los traspasos de Codelco y las rentas del litio sumaron cerca del 10 % de los ingresos fiscales; en los 2000 se acercó al 20 % y con los precios actuales puede volver a subir. Sobre esa décima parte pesan problemas concretos: el listado de las diez grandes mineras que se usa para efectos fiscales se fijó hace veinte años y nunca se actualizó, y la tributación privada del litio no está identificada. Cuando la DIPRES y el Consejo Fiscal Autónomo pidieron esos datos al Servicio de Impuestos Internos, la respuesta fue que lo impedía el secreto tributario: un organismo del Estado negándole información a otro.
José Tomás Morel, del Consejo Minero, describió el mismo muro desde la industria. Sus asociadas publican hace quince años lo que pagan por primera categoría, impuesto adicional y royalty. EITI pide desagregación por faena, y en Chile se tributa por RUT: un RUT a veces coincide con una faena y a veces no. La verificación que exige el estándar, que lo declarado por las empresas cuadre con lo que la autoridad dice recibir, choca otra vez con el secreto tributario: una empresa puede renunciar a su privacidad tributaria, la autoridad no.
En la Encuesta de Presupuesto Abierto 2025, Chile salió por primera vez de la categoría “insuficiente”. Está sobre el promedio latinoamericano en transparencia fiscal y muy por debajo en participación presupuestaria, una asimetría que Javiera Martínez, directora de Presupuestos entre 2022 y 2026, llevó al gasto. Se puede revisar la factura de un proveedor de una seremi de Educación el mes pasado; seguir un ingreso hasta su origen es más difícil. Los fondos del royalty se rastrean en los gobiernos regionales, menos en los municipios, y se dispersan en cientos de iniciativas de 50 o 70 millones que ninguna base de datos deja ver en conjunto.
Lo socioambiental: el estándar ya existe, falta usarlo
El Observatorio Ambiental de Proyectos Mineros de la Universidad Católica partió con diez indicadores en cuatro comunas y hoy tiene veinte con cobertura nacional. Katherine Mollenhauer, que lo construyó, no describe el obstáculo como un vacío. “El problema real no es la falta de datos, sino la fragmentación”. Una fuente ordena por RUT, otra por dirección, otra por nombre del proyecto, y su equipo terminó construyendo una API para homologarlo. Más de veinte instituciones regulan la minería chilena y ninguna debe hacer su información legible junto a la de las demás.
Hay además un estándar disponible que se usa poco. En un estudio comparado de 26 países sobre el artículo 7 del Acuerdo de Escazú, el de participación pública, Chile tiene el marco normativo más sólido, según recordó Andrea Sangüesa, que integró la Secretaría del acuerdo entre 2023 y 2026. Escazú obliga a que las observaciones ciudadanas sean “debidamente consideradas”, o sea registradas, analizadas y respondidas de manera fundada. Está vigente y el grupo multiactor puede aplicarlo a su propio proceso.
El diagnóstico se admite desde adentro del Estado. Francisco Grimberg, del Ministerio del Medio Ambiente, dijo que hay mucho publicado, pero “hay mucho clic entre medio” para llegar a ello. Y Telgi Yurich, de Fundación Terram, recordó por qué el tema corre: el ICMM publicó que un tercio de las 12.000 operaciones mineras del mundo enfrenta riesgo hídrico alto, con Chile destacado.
Beneficiarios finales: el contrasentido
El proyecto de Registro Nacional de Beneficiarios Finales ingresó al Senado el 18 de diciembre de 2023 y sigue en primer trámite. Chile es de los pocos países de la región sin registro operativo. Uruguay, Costa Rica, Panamá, Perú, Ecuador, Argentina y Brasil ya tienen uno.
Chile Compra reúne 148.000 beneficiarios finales de empresas que contratan con el Estado, porque la reforma a compras públicas lo obligó. Y las mineras que operan en Chile declaran en el sistema de transparencia canadiense casi 22.000 millones de dólares pagados en impuestos acá, consultables desde fuera por cualquiera. “Fuera del país y con acceso universal podemos consultar el tema, y no en Chile”, resumió Daniel Oyarzún, de Fundación Multitudes.
Contra el argumento de la privacidad hay una objeción de origen, que puso Alejandro Ferreiro, presidente de Chile Transparente. Una sociedad se constituye por escritura pública y su extracto sale en el Diario Oficial, así que quién es dueño de qué siempre fue información pública; lo que la volvió inescrutable fueron los registros analógicos y una gestión documental deficiente. “Siempre hay alguien a quien le duele la transparencia”, dijo, “y esos alguien suelen tener más capacidad de organización que las multitudes difusas que se benefician”.
Qué define el primer informe
La MASC se articuló en 2023, antes de que Chile fuera implementador, definió sus reglas de gobernanza y eligió autónomamente a sus representantes ante el grupo multiactor. La integran ocho organizaciones, entre ellas Fundación Multitudes, Sustentarse, Terram y Chile Transparente. NRGI la asesora con evidencia comparada y experiencia de otros países; la agenda la fija la mesa.
El primer informe de Chile no se va a medir por cuántas cifras publique, sino por tres cosas: si el país resuelve la interoperabilidad de sus registros, si equilibra secreto tributario y gestión pública, y si el Congreso destraba el registro de beneficiarios finales. Ninguna es un problema de capacidad técnica. Las tres son decisiones que alguien tiene que tomar.
El Encuentro completo de “Transparencia en el sector extractivo”, se puede encontrar en el siguiente link https://www.youtube.com/live/I14TND-Detk?si=Z8n-S-4SWQDhjuF4