Minería de oro en la Amazonía y COP 16: la importancia de impulsar un acuerdo global vinculante sobre comercialización de minerales

Esta semana inició la Conferencia de las Partes número 16 para el Convenio sobre la Diversidad Biológica (COP 16), en Cali, Colombia. Los organizadores esperan la participación de más de 12 mil personas de todo el mundo, incluyendo delegaciones oficiales y representantes de sociedad civil. Para Colombia, uno de los países más megadiversos del mundo, es una gran oportunidad para mostrar su liderazgo internacional en el desarrollo de reglas y políticas para proteger la biodiversidad del planeta. La COP de diversidad biológica en Cali antecede a la COP 30 de cambio climático en Belem de Pará, que ocurrirá a finales de 2025.

Ambos eventos presentan una gran oportunidad para ofrecer soluciones de alto impacto desde América Latina frente a la crisis ambiental global. El retroceso global de la biodiversidad es de primera importancia, en una magnitud similar al calentamiento global. De acuerdo con la Plataforma Intergubernamental Científico-normativa sobre Diversidad Biológica y Servicios de los Ecosistemas (IPBES por sus siglas en inglés), el estado global de la naturaleza está en caída libre y los recursos planetarios están tan consumidos que estamos ad portas de extinciones de especies y migraciones humanas masivas. Fenómenos como la deforestación, la sobre explotación de océanos y suelos y la contaminación de aire y agua están alterando el funcionamiento natural del planeta, llevando a la humanidad y a la vida al borde del abismo. 

En América del Sur, una región emblemática en términos de su diversidad biológica es la Amazonía. Y una de las principales amenazas actuales en la Amazonía es el incremento de la minería de oro, con alta incidencia de informalidad, ilegalidad y asociación con grupos delincuenciales que les disputan a los estados el control de vastos territorios. 

Minería ilegal de oro en la Amazonía de Perú y Colombia

La Iniciativa MAAP estima que en 2018 había una huella histórica de deforestación por minería de más de 963 000 hectáreas en toda la Amazonía. Entre 2019 y 2023, MAAP calcula que la huella de deforestación por minería creció en más de 944 000 hectáreas. Es decir, “de la huella total acumulada de más de 1.9 millones de hectáreas deforestadas por minería, cerca de la mitad ocurrieron en apenas los últimos cinco años. Del total acumulado por la minería, más de la mitad ocurrió en Brasil (55 %, con más de 1 millón de hectáreas), seguido de Guyana (15 %), Surinam (12 %), Venezuela (7 %) y Perú (7 %, con 135 625 hectáreas)”. Para expertos como Timothy Killeen, la minería ilegal de oro en la Amazonía supone un “desastre ecológico para los terrenos inundables y las comunidades locales de la Amazonía”. 

En los últimos años, este fenómeno ha crecido exponencialmente en países como Perú y Colombia. En Perú, la minería ilegal de oro se ha convertido en uno de los principales problemas que afronta este país, en tanto genera graves consecuencias económicas, sociales, políticas y ambientales. La deforestación, contaminación del agua y el suelo, y la destrucción de hábitats naturales son solo algunas de las graves consecuencias ambientales de esta actividad ilegal. Otro reciente reporte del MAAP indica que entre 2021 y setiembre de 2023 la minería de oro deforestó 23 881 hectáreas en Madre de Dios, afectando a pueblos indígenas y áreas protegidas. 

En Colombia, la deforestación en la Amazonía está fuertemente relacionada con la presencia de actores armados ilegales, quienes controlan territorios donde se ejerce la minería ilegal. En el 2023 el país registró una caída histórica en la deforestación, y en particular, en la Amazonía se calculó una reducción del 38 %, pasando de 71 185 hectáreas en 2022 a 44 274 en 2023, la más baja de los últimos 23 años. Sin embargo, el Ministerio de Ambiente ha señalado que en 2024 se estaría registrando un aumento de este flagelo, relacionado con amenazas de actores armados ilegales tanto a comunidades locales como a funcionarios públicos del Sistema Nacional Ambiental encargados de vigilar las áreas protegidas y enfrentar la deforestación. En la Amazonía colombiana confluyen la minería ilegal, los actores armados ilegales quienes se financian de esta actividad, comunidades locales y pueblos indígenas y empresas comercializadoras, formando un complejo mapa para la lucha contra las economías ilegales y la deforestación en entornos de violencia. Por su parte, la OEA estimó para 2022 que el 80 % de la producción de oro del país provenía de la extracción ilegal.  

La minería ilegal también está vinculada al trabajo infantil, la trata de personas, la explotación sexual y el asesinato de múltiples defensores ambientales. En Perú, diversos informes dan cuenta de la presencia de grupos armados ilegales que controlan la minería ilegal en diferentes regiones del país, generando un clima de inseguridad y miedo entre las comunidades locales. En Loreto, en zonas como Nanay la minería de oro ha crecido incluso en áreas a las que el Estado peruano ya no puede llegar y ejercer control sobre el territorio. Situaciones similares se producen en Colombia. En el Parque Nacional Natural Amacayacu, en el departamento de Amazonas, actores ilegales amenazaron a sus funcionarios, provocando su salida y dejando esta área sin presencia estatal ni gobernabilidad.

En ambos países se trata de un negocio millonario. En Perú, esta actividad ilícita, que supera incluso al narcotráfico en términos de ingresos, “ocasiona pérdidas al país por más de 22 700 millones de soles anuales” (aproximadamente USD 6 mil millones) de acuerdo con un informe de V&C Analistas. En Colombia, según un reporte de Global Financial Integrity, la comercialización ilícita de oro superó los US $5600 millones entre 2010-2018. La complejidad de este problema se profundiza cuando se consideran los delitos conexos y las implicaciones legales y políticas que facilitan su perpetuación. La minería ilegal no opera en un vacío, sino que está intrínsecamente vinculada a redes criminales que se benefician de la impunidad, la corrupción y la infiltración en el Estado. 

Existen discrepancias entre las cantidades reportadas de producción y exportación de oro en estos países. En los últimos años, India y los Emiratos Árabes Unidos han aumentado sus importaciones de oro desde Perú, Colombia, Ecuador, Bolivia y Brasil, sumándose a otros destinos principales como Suiza, Estados Unidos y Canadá. Según una investigación de Ojo Público, existen muchas deficiencias en las políticas de debida diligencia declaradas por las empresas que compran oro de los países amazónicos.

La oportunidad de avanzar con un acuerdo global vinculante sobre comercialización de minerales

¿Qué medidas se pueden tomar en un espacio como la COP 16 para hacer frente a un fenómeno como este? La COP 16 está visibilizando el problema, a través de decenas de eventos oficiales y de la sociedad civil dedicados a compartir información y presentar iniciativas de solución. Pero hay también una iniciativa oficial concreta, impulsada por el gobierno colombiano: una “Declaración conjunta voluntaria sobre prácticas mineras responsables para la protección de la vida y el medio ambiente”, que será presentada este martes 29 de octubre en el marco de las actividades oficiales.   

El gobierno colombiano espera que diferentes países se adhieran a ella a través de un acuerdo de voluntades para impulsar la firma de un acuerdo global. Esta iniciativa se monta sobre otros esfuerzos de trazabilidad y estándares socioambientales de la minería. Entre estos esfuerzos recientes destaca el Panel de las Naciones Unidas sobre Minerales Críticos para la Transición Energética, que tiene como segunda recomendación accionable establecer un “marco global de trazabilidad, transparencia y rendición de cuentas a lo largo de toda la cadena de valor de los minerales –desde la minería hasta el reciclaje– para fortalecer la debida diligencia, facilitar la rendición de cuentas corporativa y construir un mercado global para los minerales críticos para la transición energética”. Así, la iniciativa de este acuerdo de voluntades impulsado por Colombia busca, concretamente, crear un grupo multiactor que culmine, entre otras cosas, con una propuesta de un acuerdo internacional vinculante para operativizar esta recomendación de trazabilidad, transparencia y rendición de cuentas. 

Esta es una gran oportunidad para fortalecer la aplicación de estándares sociales, ambientales y de rendición de cuentas en la minería. Implementar mecanismos de trazabilidad y debida diligencia son fundamentales para evitar que la comercialización de minerales venga de procesos de extracción que involucran destrucción ambiental, trabajo infantil, crimen organizado y otros flagelos que no son aceptables para ninguna cadena de valor. Si bien esta iniciativa no se limita al caso de la minería ilegal de oro, sino que tiene ambiciones más amplias que incluyen los minerales de transición, sí puede contribuir con algo básico: que el oro que fue extraído en condiciones destrucción ambiental y crimen organizado no sea comercializado impunemente a nivel global. 

El camino diplomático para avanzar esta iniciativa, así como su vinculación con otros procesos como el iniciado por el panel de Naciones Unidas sobre minerales de transición, están por definirse. Pero la oportunidad está sobre la mesa, y los diferentes países, sobre todo los preocupados por proteger la biodiversidad en el planeta, deberían aprovecharla.