Evolución y desafíos del sector de hidrocarburos colombiano en la transición energética global
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Colombia tiene una dependencia relativa de los hidrocarburos y del carbón. La estructura de la balanza de pagos y las finanzas públicas está estrechamente vinculada a las dinámicas de la economía extractiva. En los últimos siete años, la industria de la explotación del petróleo y el gas ha aportado en promedio un 3,14 % al PIB. En el periodo 2018–2021, las empresas petroleras contribuyeron a las finanzas públicas con un promedio de COP 24,3 billones al año. Y en el periodo 2019–2022 se generaron COP 33,99 billones en concepto de regalías, de los cuales el 81 % correspondió a hidrocarburos.
Desde hace una década, Colombia no ha podido revertir la disminución continua de la producción. A pesar de los esfuerzos en exploración, no se ha logrado aumentar el nivel de reservas de petróleo, aunque sí hay perspectivas positivas para el gas gracias a los descubrimientos costa afuera. Las proyecciones apuntan a que la tendencia descendente en la producción de petróleo continuará.
La disminución de la producción ha afectado de manera diferente a los departamentos productores. El Meta y Casanare han sido históricamente los principales productores y, en ambos casos, se evidencia una reducción sostenida.
El declive de la producción de petróleo podría ser una oportunidad para impulsar una transición energética justa (TEJ), pero se enfrenta a dos obstáculos principales: (1) las metas contradictorias del Gobierno, que busca alcanzar una producción de un millón de barriles diarios mientras mantiene la suspensión de la adjudicación de nuevas áreas de exploración; y (2) la alta madurez y los costos relativamente elevados de explotación en los campos de las regiones productoras tradicionales, que limitan su capacidad de expansión.
Colombia podría prepararse mejor para el declive de la explotación del petróleo e impulsar una diversificación económica nacional y regional, basada en criterios socioambientales y alineada con los objetivos de la transición energética. Esto implica reducir la dependencia económica de los hidrocarburos y anticipar escenarios de salida responsable de las petroleras, asegurando alternativas sostenibles que mitiguen los riesgos y beneficien a los territorios y poblaciones.
La actividad petrolera en Colombia tiene una larga tradición y, recientemente, la exploración y producción se ha extendido costa afuera. El país depende de las exportaciones de petróleo y carbón, que en 2023 tuvieron una participación del 52,3 % en la balanza comercial (DANE, 2024). Ese año, el petróleo representó el 31,8 % y, en 2024, un porcentaje similar: el 30,3 % (Campetrol, 2025).
A nivel subnacional, la situación es más compleja, ya que el peso de las regalías en la composición de los ingresos fiscales de los departamentos productores de petróleo alcanzó el 41 % entre 2010 y 2015, pero tuvo una caída importante entre 2016 y 2021, situándose en el 18 %, debido a la disminución del precio internacional, la menor producción y los efectos de la pandemia de COVID-19. Este rubro ocupó el tercer lugar de los ingresos totales en el agregado de todos los departamentos, después de las transferencias de la nación y los ingresos tributarios (Martínez & Sarmiento, 2024).
Los Gobiernos nacionales anteriores han realizado avances importantes en materia de política pública, orientados a incorporar la transición energética¹ como parte de la estrategia para cumplir con los compromisos climáticos y de descarbonización de la economía. El actual Gobierno de Gustavo Petro ha priorizado esta agenda e incorporado la transición energética como uno de los ejes estratégicos del Plan Nacional de Desarrollo 2023–2026, así como en la Hoja de Ruta para la Transición Energética Justa de Colombia, elaborada por el Ministerio de Minas y Energía, y en el Conpes sobre la Política Nacional de Reindustrialización (Documento N.º 4129, de 2023), entre otros.
Sin embargo, persiste la falta de una visión articulada, intersectorial y de largo plazo que permita consolidar una política pública estable y sostenible para gestionar el futuro del petróleo en el país, cuya salida progresiva estará marcada principalmente por las transformaciones del mercado energético global. A esto se suma la ausencia de una estrategia local impulsada desde los Gobiernos subnacionales y las poblaciones que anticipe modelos de desarrollo territorial más allá de la actividad petrolera.
En este escenario, una transición energética justa debe erigirse como política de Estado, estableciendo marcos claros que brinden certidumbre y orientación estratégica a los actores públicos y privados.
Este documento se estructura en tres secciones. La primera describe los distintos escenarios de demanda y precios internacionales del petróleo en función del avance de las políticas climáticas. La segunda analiza la situación de Colombia —producción, reservas, balanza de pagos e impacto territorial— a la luz de las decisiones de política energética nacional y de la dinámica internacional. La tercera sintetiza las conclusiones y sitúa la discusión en las particularidades estructurales del sector colombiano y en las tendencias del mercado global, para proponer estrategias que orienten una transición energética justa en el país.
