Apoyos condicionales a Pemex: Hacia la sostenibilidad financiera en tiempos de transición energética
Mensajes clave
- Es urgente reformar el esquema de apoyos gubernamentales a Pemex. Desde 2013, el Estado ha otorgado 2.8 billones de pesos (aproximadamente 140 mil millones de dólares) en apoyos. Estos apoyos, otorgados con discrecionalidad, han fomentado en la empresa una dependencia insostenible y propician una gestión ineficiente de los recursos públicos.
- Cuatro ventanas de oportunidad para reformar la gobernanza de los apoyos financieros a Pemex están abiertas, aunque no por mucho tiempo: el arranque del nuevo Gobierno; la definición del Presupuesto de Egresos de la Federación para 2025; la reforma constitucional que convierte a Pemex en una Empresa Pública del Estado, y la ineludible necesidad de reestructurar su deuda en el próximo año.
- La próxima ronda de refinanciación de la deuda de Pemex, prevista para 2025, representa una oportunidad clave para implementar reformas. La deuda de Pemex, que asciende a casi 100 mil millones de dólares, ha generado cada vez más preocupación entre sus acreedores y ha presionado al alza los costos de financiamiento.
- La experiencia internacional muestra que establecer condiciones claras para el otorgamiento de apoyos financieros contribuye a la sostenibilidad financiera de las empresas estatales. Un ejemplo notable es el caso de Eskom en Sudáfrica, que ofrece lecciones valiosas sobre cómo diseñar y administrar los apoyos financieros a Pemex.
- Gestionar los riesgos y oportunidades de la transición energética en Pemex es crucial. Entre las condiciones para el apoyo que se pueden considerar están la evaluación y mitigación del riesgo de transición a través del uso de escenarios; la alineación del plan de negocios con la política climática del país; la implementación de un plan de transición justa para las regiones petrolíferas, y el manejo adecuado del cierre de infraestructura petrolera.
Petróleos Mexicanos (Pemex) atraviesa una crisis financiera profunda. Dan cuenta de ello una deuda que al tercer trimestre de 2024 rondaba los USD 100 mil millones y equivalía al 6 % del Producto Interno Bruto y una producción de petróleo estancada tras un prolongado declive. Los abundantes apoyos financieros que ha recibido por parte del Gobierno, aunque necesarios para mantener a Pemex a flote, han contribuido a una cultura de dependencia insostenible y costosa para la sociedad mexicana. La situación financiera de la empresa se puede complicar aún más con la transición energética global, ya que esta ocasionaría una reducción significativa de la demanda de petróleo y restringiría el acceso a financiamiento, llevando a un mayor requerimiento de apoyo financiero.
Pemex requiere aproximadamente 22 mil millones de dólares para cumplir con sus compromisos financieros hasta 2026. En 2025 enfrentará vencimientos por 9 mil
millones de dólares, y para 2026, estos ascenderán a casi 13 mil millones. Con la llegada en octubre de 2024 del nuevo Gobierno federal en México, han resurgido debates sobre cómo apoyar de manera más efectiva a Pemex. Varias ideas han sido planteadas en la opinión pública para modernizar a la empresa y reestructurar su deuda. Sin embargo, se ha hablado poco de cómo abordar los problemas que conllevan los apoyos incondicionales que Pemex recibe.
La reforma constitucional sobre áreas y empresas estratégicas, aprobada en octubre de 2024, sustituye la figura de Empresa Productiva del Estado que se asignó a Pemex y la Comisión Federal de Electricidad (CFE) en la reforma energética de 2013, estableciendo en su lugar la de Empresa Pública del Estado. Este cambio busca “devolver a Petróleos Mexicanos y a la Comisión Federal de Electricidad su carácter público para cumplir con su responsabilidad social”. A partir de este cambio constitucional, se abre una oportunidad para definir con mayor claridad en la legislación secundaria el alcance de la nueva figura, incluyendo los objetivos comerciales y de interés público de dichas empresas. Además, se podrán definir los mecanismos de apoyo aplicables a estas empresas, los cuales, hasta ahora, han operado de forma ambigua.
Por medio de este reporte buscamos promover una discusión informada sobre cómo mejorar la efectividad de los apoyos financieros a Pemex entre responsables
de políticas públicas, representantes del Gobierno, el equipo directivo de la empresa, organizaciones de la sociedad civil que trabajan en justicia fiscal y climática, academia y otros actores interesados.
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Accede al reporte de NRGI que busca promover una discusión informada y mejorar la efectividad del apoyo financiero a Pemex.
