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En noviembre pasado estalló una crisis política en Perú después de que algunos miembros del Congreso votaran a favor de la vacancia del entonces presidente Martín Vizcarra. Una medida que la mayoría de ciudadanos consideró era un golpe de Estado parlamentario. La ciudadanía tomó las calles para protestar contra el nuevo gobierno encabezado por el presidente del Congreso, Manuel Merino.
Las manifestaciones, que duraron más de una semana, fueron las más grandes en décadas. La fuerte represión policial provocó la muerte de dos jóvenes y más de un centenar de heridos, lo que provocó la renuncia de Merino. El país estuvo, temporalmente, sin presidente (dos días) hasta que el Congreso eligió al nuevo presidente, Francisco Sagasti.
En medio de esta crisis política, y sin tomar en cuenta que el rebajar los estándares ambientales y sociales no necesariamente llevarán a una mayor inversión, dos congresistas que fueron parte del golpe, presentaron proyectos de ley que proponían cambios altamente perjudiciales para el sistema de evaluación ambiental (SEIA) y la extracción artesanal y aluvial de oro en la Amazonía. Aunque no se convirtieron en ley, los cambios propuestos hubieran significado un retroceso de los estándares ambientales. También hubiera disminuido el poder de la Oficina de Evaluación y Fiscalización Ambiental (OEFA) para prevenir y monitorear el impacto ambiental de las actividades extractivas, incluida la minería artesanal, en un área biodiversa y, por lo tanto, vulnerable, como la Amazonía.
Detalle de las propuestas de Ley
El proyecto de ley 6639 tenía como objetivo modificar la “Ley del Sistema Nacional de Evaluación de Impacto Ambiental”. Entre los cambios más preocupantes, la propuesta permitiría que los proyectos de inversión que hubieran comenzado a operar sin certificación ambiental obtuvieran una aprobación retroactiva. Además, los operadores de proyectos existentes habrían podido modificar o ampliar sus operaciones simplemente presentando una solicitud de certificación ambiental, sin necesidad de obtener la aprobación.
El proyecto de ley 6641 buscaba promover la minería aurífera aluvial en la Amazonía “como la principal actividad económica alternativa frente al impacto del Covid-19”. Proponía eliminar las prohibiciones en la ley actual sobre el uso de dragas que tienen un alto impacto ambiental (deforestación, contaminación) y social (migración, prostitución, explotación).
En este contexto, NRGI, en coordinación con aliados de la sociedad civil organizados en la Plataforma Perú-Colombia para una Recuperación Sostenible, revisó los proyectos de ley y comentó en las redes sociales sobre los peligros de estas propuestas. Debido a la presión de las organizaciones de la sociedad civil (OSC) y un contexto de movilización ciudadana contra el Congreso, los legisladores retiraron ambos proyectos de ley.
Pero, luego de que el presidente Sagasti asumiera el cargo, el recién nombrado ministro de Energía y Minas, Jaime Gálvez, anunció procesos simplificados y más cortos para la consulta previa para la exploración minera. Los congresistas siguieron presentando más proyectos de ley que amenazan las salvaguardas ambientales, como el proyecto de ley para recortar 400 hectáreas de áreas protegidas a favor de un proyecto de riego. Aunque no está directamente relacionado al sector minero, este recorte podría sentar un precedente peligroso para proyectos de inversión que se superponen con áreas protegidas.
Estas propuestas revelan intenciones de recortar los estándares de gobernanza para facilitar las inversiones y el uso de recursos naturales en el Perú. Todo esto llega en un momento en que el país enfrenta simultáneamente una crisis de salud, sumado a una crisis económica, social y política.
Aunque el nombramiento del nuevo presidente y del gabinete proporcionó una relativa calma, en los próximos meses seguirá la inestabilidad. Con las elecciones presidenciales en abril, los actores que perpetraron el golpe probablemente intentarán nuevamente tomar el poder. La crisis de salud y económica relacionadas con la pandemia de coronavirus continúan presionando al nuevo gobierno de transición para promover una rápida reactivación económica y el sector minero se ve como un sector clave para la misma. Pero el crecimiento de la inversión minera simplemente no puede producirse a costa de un debilitamiento de la gobernanza en el sector.
Imagen de Yanacocha por Golda Fuentes (CC licencia 2.0).
En noviembre pasado estalló una crisis política en Perú después de que algunos miembros del Congreso votaran a favor de la vacancia del entonces presidente Martín Vizcarra. Una medida que la mayoría de ciudadanos consideró era un golpe de Estado parlamentario. La ciudadanía tomó las calles para protestar contra el nuevo gobierno encabezado por el presidente del Congreso, Manuel Merino.
Las manifestaciones, que duraron más de una semana, fueron las más grandes en décadas. La fuerte represión policial provocó la muerte de dos jóvenes y más de un centenar de heridos, lo que provocó la renuncia de Merino. El país estuvo, temporalmente, sin presidente (dos días) hasta que el Congreso eligió al nuevo presidente, Francisco Sagasti.
En medio de esta crisis política, y sin tomar en cuenta que el rebajar los estándares ambientales y sociales no necesariamente llevarán a una mayor inversión, dos congresistas que fueron parte del golpe, presentaron proyectos de ley que proponían cambios altamente perjudiciales para el sistema de evaluación ambiental (SEIA) y la extracción artesanal y aluvial de oro en la Amazonía. Aunque no se convirtieron en ley, los cambios propuestos hubieran significado un retroceso de los estándares ambientales. También hubiera disminuido el poder de la Oficina de Evaluación y Fiscalización Ambiental (OEFA) para prevenir y monitorear el impacto ambiental de las actividades extractivas, incluida la minería artesanal, en un área biodiversa y, por lo tanto, vulnerable, como la Amazonía.
Detalle de las propuestas de Ley
El proyecto de ley 6639 tenía como objetivo modificar la “Ley del Sistema Nacional de Evaluación de Impacto Ambiental”. Entre los cambios más preocupantes, la propuesta permitiría que los proyectos de inversión que hubieran comenzado a operar sin certificación ambiental obtuvieran una aprobación retroactiva. Además, los operadores de proyectos existentes habrían podido modificar o ampliar sus operaciones simplemente presentando una solicitud de certificación ambiental, sin necesidad de obtener la aprobación.
El proyecto de ley 6641 buscaba promover la minería aurífera aluvial en la Amazonía “como la principal actividad económica alternativa frente al impacto del Covid-19”. Proponía eliminar las prohibiciones en la ley actual sobre el uso de dragas que tienen un alto impacto ambiental (deforestación, contaminación) y social (migración, prostitución, explotación).
En este contexto, NRGI, en coordinación con aliados de la sociedad civil organizados en la Plataforma Perú-Colombia para una Recuperación Sostenible, revisó los proyectos de ley y comentó en las redes sociales sobre los peligros de estas propuestas. Debido a la presión de las organizaciones de la sociedad civil (OSC) y un contexto de movilización ciudadana contra el Congreso, los legisladores retiraron ambos proyectos de ley.
Pero, luego de que el presidente Sagasti asumiera el cargo, el recién nombrado ministro de Energía y Minas, Jaime Gálvez, anunció procesos simplificados y más cortos para la consulta previa para la exploración minera. Los congresistas siguieron presentando más proyectos de ley que amenazan las salvaguardas ambientales, como el proyecto de ley para recortar 400 hectáreas de áreas protegidas a favor de un proyecto de riego. Aunque no está directamente relacionado al sector minero, este recorte podría sentar un precedente peligroso para proyectos de inversión que se superponen con áreas protegidas.
Estas propuestas revelan intenciones de recortar los estándares de gobernanza para facilitar las inversiones y el uso de recursos naturales en el Perú. Todo esto llega en un momento en que el país enfrenta simultáneamente una crisis de salud, sumado a una crisis económica, social y política.
Aunque el nombramiento del nuevo presidente y del gabinete proporcionó una relativa calma, en los próximos meses seguirá la inestabilidad. Con las elecciones presidenciales en abril, los actores que perpetraron el golpe probablemente intentarán nuevamente tomar el poder. La crisis de salud y económica relacionadas con la pandemia de coronavirus continúan presionando al nuevo gobierno de transición para promover una rápida reactivación económica y el sector minero se ve como un sector clave para la misma. Pero el crecimiento de la inversión minera simplemente no puede producirse a costa de un debilitamiento de la gobernanza en el sector.
Imagen de Yanacocha por Golda Fuentes (CC licencia 2.0).