El litio en la recta final del gobierno: contratos firmados, futuro incierto

Un momento decisivo

Con la elección presidencial a la vuelta de la esquina, el gobierno de Gabriel Boric ha acelerado la puesta en marcha de la Estrategia Nacional del Litio, acumulando avances de alto perfil.  Primero, se firmó el primer Contrato Especial de Operación de Litio (CEOL) entre la Empresa Nacional de Minería (Enami) y la multinacional Rio Tinto. Luego, se encamina un acuerdo para que Codelco —la mayor minera estatal de cobre— y SQM —uno de los principales productores de litio del mundo— conformen una sociedad conjunta para operar en el Salar de Atacama, el mayor yacimiento del país. A estos hitos se suma la adhesión de Chile a la Iniciativa para la Transparencia de las Industrias Extractivas (EITI por sus siglas en inglés).

Por primera vez, la estrategia deja de ser solo un anuncio y se materializa en contratos vinculantes, con inversiones comprometidas y plazos definidos. En términos políticos, llegar a esta etapa es un logro innegable: un Estado que durante años ocupó un rol secundario en el negocio del litio hoy se posiciona como socio mayoritario, con aspiraciones de captar más rentas fiscales y garantizar que parte del beneficio llegue a las regiones productoras. A esto se agregan pasos en materia ambiental, como la creación de una red de salares protegidos, y el reconocimiento formal de la consulta indígena como requisito para nuevos proyectos.

Avances sin blindaje

Sin embargo, este entusiasmo convive con una sensación de fragilidad. La mayoría de estos avances descansa en decretos supremos o en la voluntad política del Ejecutivo, lo que los hace vulnerables al ciclo electoral. El antecedente de la política nacional del litio del segundo gobierno de Michelle Bachelet, desmantelada por la administración siguiente, sigue fresco en la memoria. La urgencia por dejar contratos “cerrados” antes del fin del mandato refleja tanto la ambición de consolidar un legado como el temor de que un cambio de gobierno ponga todo en entredicho.

Y ese riesgo no es abstracto. Varios candidatos presidenciales ya han manifestado críticas al acuerdo Codelco–SQM: algunos cuestionan la transparencia del proceso y la ausencia de licitación abierta; otros alertan sobre la excesiva concentración de mercado que supondrá una sola sociedad controlando el Salar de Atacama hasta 2060. Incluso hay quienes han declarado que, de llegar al poder, revisarían los términos o incluso considerarían anular lo pactado si no se ajusta a los estándares de legitimidad y competencia que ellos consideran adecuados. Lo que hoy se presenta como un hito histórico podría ser objeto de renegociación o reversión en pocos años.

Falencias de fondo

Las debilidades institucionales son claras:

• Participación: Las consultas indígenas se han realizado de manera más formal que sustantiva, sin los recursos ni los plazos necesarios para asegurar una participación efectiva.
• Transparencia: Los términos completos de los contratos no se han publicado, lo que alimenta percepciones de opacidad y discrecionalidad.
• Distribución de beneficios: No existen reglas claras que aseguren que las regiones productoras y las comunidades indígenas reciban una porción estable y transparente de los ingresos. Por ahora dependen de convenios ad hoc entre empresas y comunidades, sin fiscalización estatal ni trazabilidad pública.
• Salvaguardas ambientales: Las evaluaciones carecen de líneas base hidrogeológicas sólidas, no consideran los impactos acumulativos de varios proyectos en un mismo ecosistema y los sistemas de monitoreo dependen en gran medida de información de las propias empresas. El sistema de salares protegidos, celebrado como un hito, carece de fuerza legal suficiente y no está plenamente integrado al sistema de evaluación ambiental.

Más allá de las firmas de contratos

El afán del gobierno por mostrar resultados es comprensible. Pero la prisa no puede sustituir a la legitimidad. Los contratos firmados en los últimos meses de esta administración serán relevantes solo si logran perdurar más allá de los cambios de gobierno y si se acompañan de salvaguardas sociales y ambientales que generen confianza en los territorios.

Lo que está en juego no es solo el destino de un recurso crítico para la transición energética global. También lo está la credibilidad de Chile como país capaz de combinar ambición económica con gobernanza transparente, sostenibilidad ambiental y justicia territorial. Comunidades que ya han cargado con los costos de la minería sin ver beneficios difícilmente aceptarán promesas vacías o acuerdos firmados a puertas cerradas.

El verdadero desafío

La firma del primer CEOL es, sin duda, un hito. Pero la historia reciente demuestra que un contrato no basta para consolidar una política de Estado. Si los próximos meses se reducen a acumular firmas sin atender las falencias estructurales, lo que hoy se celebra como un logro podría terminar convirtiéndose en el punto de partida de una nueva etapa de conflictos, judicializaciones y desconfianza.

El desafío real es otro: transformar estos acuerdos en la base de una gobernanza legítima y duradera del litio.