Más allá de la permisología: el futuro minero de Chile depende de mejor gobernanza

Pero en el camino hay un desafío institucional que no es menor: la forma en que se gestionan los permisos. La denominada permisología se ha instalado en el centro del debate en Chile y en otros países productores. Simplificar los procesos y reducir los tiempos es parte del desafío, pero no el único. La pregunta no es si simplificar, sino cómo hacerlo bien. 

Permisos: más que cantidad, gestión

El desarrollo de proyectos mineros es inherentemente complejo: involucra desafíos geológicos, impactos territoriales, y el uso de recursos críticos, como agua, energía y suelo. Los permisos no son una traba arbitraria, sino el mecanismo a través del cual el Estado evalúa esos impactos, protege el medioambiente y resguarda la participación de las comunidades. Son, en definitiva, parte de lo que le da legitimidad social de la actividad minera. El problema no su existencia, sino cómo se gestionan.

Quebrada Blanca 2, el proyecto minero más grande de Chile en años recientes con una inversión de USD 8.200 millones, requirió cerca de 2.000 permisos adicionales a la evaluación ambiental. Esa cifra ilustra una realidad más amplia: la CNEP identificó 439 trámites asociados al proceso de inversión, con 71 entidades responsables de entregar 309 permisos distintos, de los cuales 63 pueden paralizar proyectos.

El problema radica en la fragmentación institucional, la superposición normativa y la débil coordinación entre organismos. A esto se suman la ausencia de plazos vinculantes, una tramitación secuencial que acumula tiempos e incertidumbre, aumentando los costos de los proyectos sin necesariamente garantizar mejor protección socioambiental.

Frente a esto, la discusión suele centrarse en reducir permisos. Sin embargo, reducir sin distinguir entre requisitos redundantes y aquellos que cumplen funciones esenciales puede debilitar la sostenibilidad de la minería en el largo plazo.

La experiencia internacional muestra que es posible agilizar procesos sin relajar estándares, mediante mejor coordinación, reglas claras y mayor previsibilidad (dirección que han tomado Australia Occidental y Canadá, por ejemplo).

Institucionalidad a la altura del desafío

La discusión sobre permisos es, en el fondo, una discusión sobre fortalecimiento institucional. Avanzar exige agencias técnicas bien dotadas, modernas, con mecanismos claros de coordinación interinstitucional y procedimientos previsibles. Cuando las capacidades del Estado son insuficientes y los procesos no están adecuadamente articulados, los tiempos se extienden y se genera incertidumbre, sin beneficios claros en términos de protección ambiental o social. 

Más que reducir exigencias, el desafío es mejorar cómo se implementan. Reducir permisos sin un análisis riguroso puede debilitar la sostenibilidad de la minería en el largo plazo, al afectar mecanismos clave de protección ambiental y social. En cambio, avanzar hacia sistemas más integrados y coordinados, con plazos vinculantes, que reduzcan la burocracia y la duplicidad, permite mejorar la eficiencia sin comprometer estándares. Un sistema de permisos más eficiente no es uno menos exigente, sino uno más predecible, coherente y oportuno.

Fortalecer la institucionalidad en este ámbito es clave para compatibilizar el desarrollo de la cartera minera con altos estándares socioambientales. De ello depende no solo la competitividad del país, sino también la legitimidad de largo plazo de la actividad.

El informe completo analiza en detalle qué está frenando a la minería chilena, qué oportunidades tiene por delante y qué condiciones institucionales necesita para escalar su producción.