Mejoras en la gobernanza de la minería en México: recomendaciones desde la sociedad civil y de especialistas del sector

La agenda global de descarbonización plantea la necesidad de reducir gradualmente los combustibles fósiles y aumentar la generación de energías renovables, lo que, a su vez, requiere incrementar la producción de minerales necesarios para estas tecnologías. En México, el auge de la demanda de estos minerales de transición representa una oportunidad para mejorar la gobernanza del sector minero ya que posee un importante potencial como productor de minerales de transición tales como el litio, el cobre y el grafito.

La buena gobernanza del sector minero es fundamental para la seguridad y resiliencia de las cadenas de valor, la reducción de la pobreza y el desarrollo socioeconómico del país. Prevenir la corrupción, facilitar la participación de las comunidades, establecer mecanismos efectivos de evaluación de impacto ambiental y social, y maximizar las ganancias del Estado con recursos provenientes de la actividad minera para invertirlas en desarrollo, son ejemplos de una mejor gobernanza.

Gobernanza de los recursos naturales en México

Según el Índice de Gobernanza de los Recursos Naturales (RGI por sus siglas en inglés) de 2021 enfocado en el sector minero, México obtuvo una calificación de 59 sobre 100 puntos. La gobernanza de los impactos locales de la actividad minera obtuvo la calificación más baja, con 46 puntos, ubicándose en la banda de desempeño "débil". Además de falta de regulación en algunos casos, el RGI también encuentra fallas relevantes y desvinculación del marco legal y su implementación. Mejorar la capacidad del Estado mexicano para vigilar, monitorear y asegurarse del cumplimiento de la regulación es crucial para una buena gobernanza.

En el taller realizado por NRGI para organizaciones de la sociedad civil (2022) sobre la gobernanza del litio en México, el impacto local fue la mayor preocupación de los representantes de las organizaciones reunidas en el evento. Urge fortalecer, y en algunos casos generar mayor y mejor regulación, además de asegurar su implementación, en lugar de simplificar procesos o relajar estándares que pudieran generar una carrera hacia el fondo, sobre todo en materia de impacto ambiental y social.

La importancia de atender estos pendientes en México se inserta y respalda en el llamado internacional por avanzar hacia un nuevo paradigma en la búsqueda de justicia y equidad de los minerales de transición. En septiembre de 2024, el Panel del Secretario General de las Naciones Unidas sobre Minerales Críticos para la Transición Energética publicó un reporte con 7 principios que deben guiar las políticas nacionales e internacionales para responder a problemas que se generan a lo largo de la cadena de valor de los minerales Muchos de estos se asocian con la realidad mexicana como el respeto de los derechos de las comunidades, la adecuada gestión de los impactos ambientales, la distribución de beneficios y la transparencia en el sector minero. La importancia de estos principios para la región se refleja en la iniciativa de Colombia lanzada durante la COP16 en Cali para impulsar un acuerdo internacional para la trazabilidad de la cadena de suministro de minerales.

En este contexto, es fundamental identificar caminos alternativos para que la actividad minera, en el marco de la transición energética, no repita los errores del pasado y, en cambio, responda a las demandas históricas de justicia y equidad. En junio de 2024, se llevó a llevó a cabo el taller Mejoras en la gobernanza de la minería en México: impacto ambiental y social que reunió a 24 especialistas del sector minero e integrantes de organizaciones sociedad civil para discutir mejoras en los instrumentos y procesos de evaluación y gestión de impactos ambientales y sociales de la minería en México.

Es fundamental facilitar canales de diálogo entre la sociedad civil y especialistas a fin de identificar preocupaciones, evaluar esfuerzos y proponer mejoras para la gobernanza del sector minero. La memoria de este taller recoge presentaciones, experiencias prácticas y recomendaciones de la sociedad civil sobre evaluaciones de impacto social, gestión ambiental y mecanismos voluntarios de transparencia. Además, incluye lecciones aprendidas de países como Perú y Chile, que han sido países referentes, pero que también enfrentan desafíos de los que México puede aprender.

Las recomendaciones abordan propuestas sobre instrumentos preventivos y de remediación ambiental, evaluaciones de impacto social y oportunidades de mejora a partir de mecanismos de validación.

• Mejoras en instrumentos preventivos y de remediación ambiental. Una de las principales críticas al proceso de evaluación ambiental es la limitada participación comunitaria, que da solo 10 días para solicitar una consulta pública tras la publicación de la Manifestación de Impacto Ambiental (MIA). También se identificaron áreas de mejora en la definición de criterios claros, como indicadores de impacto. Además, la gestión de pasivos ambientales mineros sigue siendo un desafío en cuanto a regulación, asignación de responsabilidades y financiamiento para su remediación. Tomando el caso de Perú, donde el Estado ha asumido esta carga con recursos insuficientes, se destaca la participación voluntaria de terceros en la remediación, el reaprovechamiento y el uso alternativo como prácticas útiles para México.
• Evaluaciones de impacto social para el sector minero. Entre las prioridades que se debe atender en los procesos de evaluación de impacto social está el fortalecimiento de las autoridades en su papel de supervisión de los proyectos mineros para la prevención de conflictos. A lo que se suma una mayor y efectiva participación de las comunidades mineras durante las diferentes etapas del ciclo minero, desde la planeación hasta el cierre. Aunque se han realizado esfuerzos para hacer obligatoria la consulta a pueblos indígenas y los estudios de impacto social, aún falta mayor claridad técnica sobre su aplicación. También, es esencial abordar el impacto del crimen organizado y cómo la violencia y la corrupción afectan a las comunidades, provocando desplazamientos forzados y graves consecuencias ambientales.
• Oportunidades de mejora a partir de mecanismos de validación. Finalmente, la transparencia y acceso a la información es un tema transversal para mejorar la gobernanza de la minería en el país. Actualmente no se cuenta con información sobre las minas a cielo abierto, los depósitos de lixiviados ni el volumen real extraído de las concesiones de agua. Por lo tanto, tener información desagregada y también sobre las externalidades de los proyectos mineros en las evaluaciones de impacto social y ambiental es esencial para que no se tomen decisiones sesgadas y las comunidades tengan la información completa sobre todos los aspectos. Además, mecanismos como la Iniciativa para la Transparencia de las Industrias Extractivas (EITI por sus siglas en inglés) que ofrecen estándares para promover la gestión abierta y rendición de cuentas, representan una oportunidad para una mayor transparencia y coordinación entre las partes interesadas como el gobierno, la sociedad civil y las empresas.