Minería ilegal y poder político: un estudio clave sobre Loreto y el Estado peruano

La minería ilegal de oro continúa expandiéndose en el Perú, causando estragos ambientales, contaminando fuentes de agua y vulnerando gravemente los derechos de comunidades indígenas. Aunque sus impactos ecológicos son alarmantes, subsiste una pregunta clave: ¿cómo ha logrado esta actividad afianzarse y extenderse con tanta fuerza en diversas regiones del país?

Más allá de los daños ambientales, la minería ilegal representa una amenaza directa para la seguridad nacional, la conservación de la biodiversidad, la salud pública y la protección de los derechos humanos. Uno de los casos más preocupantes es el de la cuenca del río Nanay en el departamento de Loreto, fuente principal de agua potable para la ciudad de Iquitos y hogar de áreas naturales protegidas. 

En Loreto, los actores vinculados a la minería ilegal han logrado no solo consolidar su presencia en el territorio, sino también expandir su influencia y control de las propias instituciones del Estado. 

El reporte El Estado ante el avance de la minería ilegal: el caso de Loreto (2020-2025) analiza la capacidad de captura institucional como uno de los factores que explican por qué, a pesar de su ilegalidad y de sus múltiples impactos, esta actividad no solo persiste, sino que continúa fortaleciéndose. Los actores relacionados con las economías ilegales han logrado establecer relaciones de influencia y control con autoridades locales y nacionales, así como con líderes sociales, debilitando la capacidad del Estado para fiscalizar, sancionar y erradicar estas actividades.

“Lo principal que encontramos es que los grupos de poder vinculados a la minería ilegal se vinculan de distintas formas con el Estado, a nivel local y a nivel nacional. Hemos agrupado las diferentes formas de relacionamiento en dos grupos: estrategias de influencia, que orientan la acción de las políticas públicas, y estrategias de control, donde hay actores que toman decisiones directamente a favor de esos intereses”, explica Omayra Peña Jimenez, autora, junto a Paolo Sosa Villagarcia, del estudio sobre minería ilegal en el Perú.

“Se puede ver, claramente, que hay muchas bancadas —grupos políticos— en el Congreso peruano que están favoreciendo la perpetuación del proceso de formalización — el Registro Integral de Formalización Minera (Reinfo)—. Aunque fue creado para facilitar la transición de la minería informal hacia la legalidad, en la práctica se ha convertido en una herramienta para prolongar la informalidad y dar cobertura legal a actividades ilegales. En última instancia, lo que están haciendo es facilitar el desarrollo de actividades ilícitas en nuestro país”, alerta Melissa Marengo.

La minería ilegal, lejos de operar al margen del Estado, se ha insertado en sus estructuras, debilitando normas, distorsionando políticas públicas y favoreciendo redes de poder que priorizan intereses económicos ilegales sobre el bien común.

“La problemática de la minería ilegal no es solo nacional, sino transnacional. Afecta a la Amazonía, pero también tiene implicancias para países fronterizos con el Perú”, advierte Marengo.

Esta realidad exige una respuesta firme. No solo se trata de detener la deforestación o la contaminación por mercurio: se trata de defender la democracia, la justicia ambiental y el derecho de los pueblos a decidir sobre sus territorios.