Hacia comienzos de este año, mientras el mundo reaccionaba a la pandemia de coronavirus, la demanda de petróleo se derrumbó. Al mismo tiempo, la OPEP y Rusia inicialmente no lograron ponerse de acuerdo para coordinar recortes sobre la oferta. En consecuencia, el precio por barril del petróleo crudo Brent cayó de $60 en diciembre de 2019 a $20 en abril de 2020.
Al momento de esta publicación, el precio es de $43. Si el precio se mantiene bajo, y si los ejecutivos petroleros prevén que seguirá así, es posible que las empresas intenten convencer a los gobiernos para que reduzcan los impuestos y otras regulaciones costosas. Para las empresas, los pagos a los gobiernos a menudo son mayores que los costos, por lo cual existe presión sobre los Estados para que bajen los impuestos a fin de mantener la viabilidad de los proyectos.
Interrogantes clave
- ¿Cuál será el próximo nivel del precio del petróleo?
- ¿Cuál es el impacto sobre los proyectos actualmente operativos, los proyectos no desarrollados, y aquellos que todavía no han sido descubiertos?
- ¿Cómo deberían responder los gobiernos a cambios de los impuestos al petróleo y gas?
- ¿Los gobiernos tratarán de correr “la carrera hacia el fondo” pero luego perderán la de regreso a la cima?
Conclusiones clave
- No hay certezas sobre los precios futuros. Es probable que haya un cierto nivel de aumento en los próximos años, aun cuando haya una transición energética que produzca un declive estructural en el precio del petróleo a largo plazo. Los gobiernos deben tener en cuenta esta incertidumbre y el probable aumento a la hora de establecer los impuestos sobre el petróleo y el gas.
- En lo que respecta a la mayoría de los proyectos actualmente operativos, reducir los impuestos probablemente sería un derroche de fondos públicos.
- Algunos gobiernos posiblemente reciban presión para bajar los impuestos sobre los proyectos pendientes de desarrollo. Sin embargo, deben identificar qué proyectos pasarían a ser viables con menos impuestos, y cuáles no necesitan una reducción impositiva.
- Ante la duda, los gobiernos deberían analizar si los proyectos que necesitan un incentivo fiscal serán realmente valiosos para la nación. En la mayoría de los países, en comparación con el total de petróleo y gas producido, la producción procedente de proyectos que podrían retrasarse o cancelarse es pequeña. Pero no es así en el caso de los países considerados “nuevos productores”, como Senegal y Guyana.
- Modificar los impuestos para hacer que un país resulte más atractivo logra el mayor impacto antes de que las empresas hayan invertido, p. ej. al momento de atraer inversiones en las rondas de licitaciones.
- Sin embargo, establecer impuestos bajos en la actualidad podría obligar a los gobiernos a aumentar los impuestos más adelante si los precios vuelven a subir.
- Si resulta inevitable aplicar una reducción impositiva, los gobiernos podrían limitar su duración mediante una cláusula de vigencia temporal (“sunset clause ”).
- Idealmente, los gobiernos deberían establecer regímenes tributarios que respondan a las variaciones de las utilidades.
- Sin embargo, dado que muchas autoridades tributarias tienen dificultades para medir las utilidades, los gobiernos podrían establecer regímenes tributarios más simples basados en los precios o los ingresos por ventas; no obstante, deberían estar preparados para modificar las alícuotas tributarias en el futuro, así como para la repercusión que tendría en la credibilidad del Estado frente a los inversores.
- Los gobiernos deberían divulgar los términos contractuales, detallando las modificaciones tributarias, las exenciones fiscales, los incentivos y los precios de estimados de los proyectos, a fin de ayudar a los auditores gubernamentales y los grupos de expertos locales, y contribuir al control y apoyo público de las decisiones sobre políticas tributarias.