La década del boom de precios de los hidrocarburos y la minería—conocido como el súper ciclo—se tradujo en América Latina en una mejora de los indicadores de pobreza y desigualdad. En efecto, el porcentaje de población en situación de pobreza en la región bajó en más de 15 puntos porcentuales entre el 2002 y el 2013. Mientras tanto, la desigualdad cayó en 1,13 por ciento al año entre el 2003 y el 2013 en promedio en los países de la región.
Pero estas cifras corresponden al promedio a nivel nacional o regional y solo a la desigualdad entre individuos. Si desagregamos para cada país la información por territorios (urbanos y rurales) y por grupos de población (indígenas, no indígenas, mujeres, hombres), vemos que no todos se beneficiaron de la misma manera del boom.
La evidencia indica que, los grandes ganadores del boom fueron los hogares urbanos, los hombres y las poblaciones no indígenas. Los demás grupos, como las mujeres y las poblaciones indígenas y rurales, también mejoraron sus condiciones de vida, pero no tanto en comparación.
El reporte de NRGI, “La Agenda de la Sociedad Civil frente a las Industrias Extractivas en América Latina,” presenta cuatro recomendaciones para asegurar que las poblaciones locales se beneficien más de las actividades extractivas y que los beneficios lleguen a todos los grupos, cerrando así brechas de desigualdad.
En primer lugar, articular las acciones de contenido local (la contratación de personal de origen local en las actividades de la empresa, así como a la contratación de proveedores locales) y responsabilidad social empresarial (RSE) con los planes de desarrollo en los territorios. Las empresas han implementado durante el súper ciclo distintas acciones a través de las cuales los trabajadores y proveedores locales se han podido vincular con las empresas extractivas. Pero el efecto de estas acciones podría magnificarse si se apoyaran en los planes de desarrollo. Por ejemplo, si el plan de desarrollo territorial de una localidad determinada apunta a promover la ganadería, las acciones de RSE de la empresa que ahí opera podrían complementar invirtiendo en el procesamiento de los productos lácteos.
En segundo lugar, mejorar la calidad del uso de la renta extractiva a nivel subnacional, apuntando al crecimiento económico y al desarrollo social para el cierre de las brechas en los indicadores sociales. En muchos países de la región Latinoamericana se transfieren montos significativos de recursos provenientes de la actividad extractiva a los gobiernos subnacionales. Sin embargo, el diseño de las transferencias ha concentrado los recursos en pocos territorios y no siempre se han usado en proyectos productivos que generen crecimiento y empleos, y que beneficien a poblaciones excluidas. Esto debe ser una prioridad en el futuro, además de incluirse en el diseño del esquema de distribución.
En tercer lugar, asegurar que se diseñen e implementen estrategias de diversificación productiva en los territorios, que sean sostenibles y fomenten empleos de calidad sin estar sujetas a la volatilidad propia de las actividades extractivas. Estas no duran para siempre, por lo tanto, es importante que los territorios se diversifiquen hacia sectores sostenibles y que además integren a las poblaciones rurales y otras poblaciones vulneradas.
Y finalmente, se recomienda regular y fiscalizar el uso de subcontratación o tercerización de los trabajadores para asegurar empleos directos de calidad, y mejorar la calidad de los empleos a proveedores locales. Para implementar esto, se podrían emitir normas nacionales, y también apelar a las condicionalidades de las propias empresas extractivas, como parte de sus políticas internas.
Claudia Viale es oficial de programa en la oficina regional para América Latina del Natural Resource Governance Institute (NRGI).