Ecopetrol ante la asamblea del 15 de septiembre: renovar la junta sin perder independencia y continuidad

El próximo 15 de septiembre, los accionistas de Ecopetrol se reunirán en una asamblea extraordinaria que marcará el inicio de una nueva etapa para la empresa. El Gobierno de Abelardo de la Espriella ha propuesto una plancha de nueve candidatos, de los cuales tres pertenecen a la junta actual y seis son nuevos. La Nación, con el 88,5% de las acciones, tiene mayoría suficiente para determinar el resultado.  

Pero hay una decisión adicional que puede ser más importante que los nombres: la reforma del artículo 20 de los estatutos de Ecopetrol. Hoy, los estatutos exigen que una plancha conserve al menos tres integrantes de la Junta anterior. Esto ayuda a que se preserven la experiencia y el conocimiento sobre la empresa. La reforma propuesta convertiría esa obligación en una recomendación, permitiendo que una asamblea renueve la totalidad de la junta.

El Gobierno tiene argumentos legítimos para querer modificar esta regla. Como accionista mayoritario, debe poder escoger a quienes considera idóneos para conducir una empresa estratégica. Renovar ampliamente la junta, además, no es excepcional. Al comenzar sus mandatos, Duque hizo siete modificaciones a la junta y Santos, seis. Bajo Petro se hicieron cinco cambios al inicio, pero la junta cambió nueve veces en menos de cuatro años.

¿Cuál es el problema de renovar ampliamente la Junta con cada gobierno?

Con renovaciones así de amplias, es más probable que la composición de la Junta responda en mayor medida a las prioridades del gobierno de turno. Esto erosiona la independencia de la Junta justo donde más importa: su capacidad de velar por los intereses y sostenibilidad de largo plazo de la empresa, en lugar de convertirla en vehículo para las prioridades políticas del Ejecutivo.

Esa puerta abierta a la interferencia tiene consecuencias concretas. En abril de 2026, Moody's rebajó la calificación corporativa de Ecopetrol de Ba1 a Ba2, con perspectiva negativa, señalando entre sus principales preocupaciones una mayor percepción de interferencia gubernamental, reforzada por los cambios recientes en la alta dirección. La calificadora mantuvo, sin embargo, su evaluación sobre la solidez financiera de la empresa. Una menor calificación puede encarecer el acceso a nuevo financiamiento y aumentar los riesgos de refinanciación.

El riesgo no es de un solo gobierno. El actual anunció un "plan de choque" para despolitizar la compañía, pero al tiempo señaló a uno de sus asesores de confianza como su candidato a presidirla; el anterior había hecho lo propio con perfiles cercanos.  

Despolitizar de forma sostenible exige atacar las causas de fondo y no solo las prácticas de cada administración. En nuestro análisis previo identificamos tres brechas estructurales, todas anteriores al gobierno de Petro y persistentes. La primera, la composición de la junta atada a los ciclos políticos, es la que ya hemos descrito.

La segunda es la ambigüedad en cómo se aplican y verifican los criterios de independencia. Los estatutos de Ecopetrol exigen que la mayoría de los 9 integrantes sean independientes, incluso más exigente que el mínimo legal del 25 %. Sin embargo, en los últimos años, al menos dos integrantes de la Junta han pasado de figurar como no independientes a independientes sin que sea claro públicamente qué circunstancias cambiaron para llevar a cabo esas reclasificaciones ni tampoco se conoce si fueron verificadas.  

La tercera hace referencia a las limitaciones de los mecanismos de resolución de conflictos entre accionistas, que no siempre han sido suficientes para dirimir oportunamente las tensiones entre el accionista mayoritario (el Estado) y los minoritarios.

No toda presencia del Estado en la conducción de Ecopetrol es problemática

Como accionista mayoritario, el Estado tiene un rol legítimo en orientar a la empresa.  Las directrices de la OCDE sobre el gobierno corporativo de las empresas estatales, en su revisión de 2024, subrayan el concepto de propiedad "activa e informada" del Estado, y reconocen que las empresas estatales persiguen objetivos públicos legítimos, desde la seguridad económica hasta la sostenibilidad.  

La pregunta, entonces, es cómo ejercer esa propiedad activa. Y aquí las directrices de la OCDE son claras en un punto: una cosa es que el Estado oriente como dueño, y otra que quienes lo representan tomen a la vez decisiones de regulación sobre la propia empresa. Por eso recomiendan que los políticos en posición de influir en las condiciones de operación de la empresa no integren su junta, que haya suficientes miembros independientes y que los conflictos de interés se declaren y gestionen.

Bajo ese criterio, no todos los asientos estatales son equivalentes. Un representante del Ministerio de Hacienda actúa ante todo como accionista. El del Ministerio de Minas y Energía, en cambio, encabeza la política y la regulación del sector, lo que genera un conflicto de interés más directo.

Estas son, en definitiva, las reglas que Colombia no ha terminado de definir: qué carteras pueden estar, con qué salvaguardas frente a conflictos de interés y bajo qué criterios de nombramiento

Por otra parte, y como ya lo hemos sugerido, convendría que la junta incorpore experticia en transición energética de forma estable. Ha habido avances puntuales, pero dependen de lo que decida cada administración.