Gobernanza para la transición energética: el reto de la nueva Junta Directiva de Ecopetrol

Inestabilidad financiera y retos de gobernanza 

En 2024 y 2025, el deterioro de los resultados financieros de Ecopetrol —reflejado en menores utilidades, una caída del precio de la acción y revisiones negativas de su perfil crediticio—, más allá del impacto por la caída de precios del petróleo, reavivó el debate sobre su estrategia de inversión y abastecimiento de gas. A ello se sumó un mayor cuestionamiento a la gobernanza de la empresa, reflejado en los cambios en la Junta Directiva, en la alta rotación de los directivos y en acusaciones por presuntos actos de corrupción.

La solidez de la Junta Directiva de Ecopetrol ha sido un factor central en la preservación de su desempeño y reputación técnica y financiera, reconocida a nivel nacional e internacional.  Un funcionamiento adecuado de este órgano resulta clave tanto para las decisiones estratégicas de la empresa como para la capacidad del país de gestionar los riesgos y oportunidades de la transición energética. 

Tensiones de gobernanza y recomposición de la Junta Directiva   

Entre 2024 y 2025, la Junta Directiva de Ecopetrol atravesó un periodo de inestabilidad que puso en evidencia tensiones estructurales en la relación Estado-empresa. El debate sobre la participación de Ecopetrol en activos de la cuenca del Permian, Estados Unidos, donde se utiliza el fracturamiento hidráulico, fue uno de los casos que mostró dicha tensión. En este escenario dos miembros de la Junta, ambos representantes de los accionistas minoritarios presentaron su renuncia en medio de desacuerdos sobre el proceso desarrollado para la toma de decisiones, y tras declaraciones públicas del presidente Gustavo Petro en contra del fracking y a favor de la venta de los activos en la cuenca del Permian.

Posteriormente, la entonces presidenta de la Junta Directiva renunció argumentando diferencias frente a temas relacionados con Venezuela y, en general, sobre el rumbo de la empresa, y otro miembro también se retiró dando argumentos personales. En el debate público, estos episodios reactivaron la discusión sobre la orientación estratégica de las inversiones de Ecopetrol y generaron cuestionamientos sobre posibles interferencias en la toma de decisiones corporativas y la vulnerabilidad del gobierno corporativo frente a la relación con el Gobierno nacional.

Es por eso que la recomposición de la Junta tiene gran relevancia. En la Asamblea Extraordinaria  se aprobará el ingreso de tres nuevos miembros para cubrir las vacantes y completar su conformación. Dos de ellos son postulaciones del Gobierno: una, con trayectoria en temas ambientales, extractivismo y transición energética justa, y otro con experiencia técnica en hidrocarburos, autor de un reporte que cuestiona la rentabilidad de los activos en la cuenca del Permian. Si bien, según los estatutos, los candidatos deben ser independientes políticamente y tener un alto perfil técnico, en la práctica estos suelen ser cercanos a la visión del Gobierno. El tercer cupo corresponde a la representación laboral, que será ocupada por el presidente de la Unión Sindical Obrera (USO), quien ha expresado su respaldo a la continuidad del negocio en esa cuenca.

En este contexto, el reporte de NRGI Gobernar el Riesgo: claves para repensar la relación entre Ecopetrol y el Estado frente a la transición energética, es clave, pues destaca la necesidad de una Junta Directiva con una visión más amplia, incorporando perfiles más allá del sector tradicional de hidrocarburos con experticias en áreas estratégicas como gestión de riesgos de la transición, la descarbonización del sector y el desarrollo de energías renovables, la transformación económica de empresas en declive y el financiamiento de la transición energética.

El reporte identifica también una ambigüedad en la definición de la independencia de sus miembros: aunque los estatutos de Ecopetrol exigen que la mayoría de la Junta sea independiente y establecen criterios generales, no existen procedimientos claros para evaluar y verificar dicha independencia.

El perfil de los candidatos propuestos para este periodo coincide con la evolución reciente de la Junta, caracterizada por una mayor incorporación de experiencia en temas ambientales, sociales y de derechos humanos. Sin embargo, persiste la necesidad de avanzar en la consolidación de una Junta que incorpore experticias en temas relacionados con la gestión de riesgos y las posibilidades de transformación de la empresa. 

Además, para que la diversidad de perfiles contribuya efectivamente en decisiones sólidas y de largo plazo, es necesario avanzar hacia la definición de reglas más claras. Sin criterios explícitos de idoneidad, perfiles con capacidades específicas e independencia en los estatutos, los procesos de selección pueden quedar sujetos a decisiones coyunturales, debilitando la función de contrapeso que deben ejercer los miembros independientes, afectando la transparencia y legitimidad del gobierno corporativo.

Avanzar en acciones adicionales para que las reglas de juego queden claramente establecidas al interior de la Junta contribuiría a fortalecer la capacidad de la empresa para responder a los desafíos del contexto global y planificar a largo plazo, en un escenario de transición energética nacional marcado por una creciente complejidad en la gestión de riesgos fiscales, energéticos y reputacionales. Una Junta más diversa y fortalecida puede facilitar una mayor coherencia entre las decisiones corporativas y las políticas de largo plazo del país —incluidas las Contribuciones Determinadas a Nivel Nacional (NDC)—, así como con las estrategias de diversificación económica y de reducción progresiva de la dependencia de los combustibles fósiles.  

¿Cómo fortalecer la relación entre Ecopetrol y el Estado en el contexto de la transición energética?  

Tres ideas clave pueden contribuir a repensar esta relación.

1. Mejorar la coordinación para gestionar el riesgo de transición. Tanto el Estado como Ecopetrol deben reconocer de forma explícita los riesgos asociados a la caída de la demanda y la volatilidad de los precios de los hidrocarburos, e incorporarlos en sus decisiones estratégicas. Esto requiere una visión compartida de largo plazo.  
2. Ofrecer señales de política pública claras y predecibles. El Estado debe definir reglas claras que permitan planificar inversiones, gestionar activos que pueden perder valor y avanzar de manera ordenada hacia una economía más diversificada.  
3. Encontrar un equilibrio entre autonomía y alineación. Ecopetrol necesita mantener su independencia técnica y operativa para seguir siendo una empresa sólida. Al mismo tiempo, su estrategia debe estar alineada con los objetivos económicos, sociales y climáticos del país, protegiendo los recursos públicos y contribuyendo a una transición justa.