Gobernar el riesgo: claves para repensar la relación entre Ecopetrol y el Estado frente a la transición energética

La transición energética global plantea desafíos para las compañías nacionales de petróleo (NOC, por sus siglas en inglés). Además de reducir sus emisiones de gases de efecto invernadero (GEI) para alinearse con los compromisos climáticos de sus países, deben gestionar el riesgo de transición: una posible caída estructural en la demanda global de combustibles fósiles y mayor volatilidad en los precios. Un análisis publicado por Natural Resource Governance Institute (NRGI) en el 2023 mostró que, de 21 NOC estudiadas, Ecopetrol fue una de las 9 que reconocen el riesgo de transición energética y una de las 5 que han anunciado medidas para enfrentarlo. Sin embargo, cerca de 1/3 (31 %) de su portafolio de inversiones upstream para la próxima década (2023-2032) está altamente expuesto a este riesgo.

“Cerca de un tercio del portafolio de inversiones upstream de Ecopetrol para la próxima década está altamente expuesto al riesgo de transición.”

Gestionar los riesgos y oportunidades de la transición no solo compete a las NOC, sino también a sus Estados, ya que pueden afectar los ingresos fiscales y el valor del capital público invertido. Sin embargo, alinear a ambos actores para enfrentarlos de forma coordinada puede resultar difícil. NOC parcialmente privatizadas, como Ecopetrol, tienden a priorizar metas comerciales, mientras que los Estados buscan avanzar en objetivos de interés público, como la diversificación económica, la seguridad y equidad energética, y el cumplimiento de compromisos climáticos.

Las tensiones se acentúan cuando los cambios de Gobierno implican giros abruptos en la política sectorial, dificultando la planificación a largo plazo. En teoría, el diseño institucional debería mitigar estas tensiones, sobre todo a través de los mecanismos de supervisión con los que cuentan los Estados sobre sus NOC; en la práctica, estos mecanismos no siempre logran garantizar una coordinación efectiva entre las prioridades públicas y las decisiones empresariales. El Gobierno de Gustavo Petro ha declarado su intención de avanzar hacia una economía menos dependiente de la producción de combustibles fósiles, lo cual se expresa en el Plan Nacional de Desarrollo 2022-2026 y en la Hoja de Ruta de la Transición Energética Justa. Sin embargo, medidas como la decisión de no firmar nuevos contratos de exploración y el impulso al proyecto de ley que prohíbe el fracking han generado tensiones con Ecopetrol. Aunque el Gobierno ha intentado aumentar la producción a corto plazo, estas decisiones profundizan la incertidumbre con respecto a las reservas futuras y la viabilidad de las metas de producción a largo plazo, restringidos a los contratos vigentes.

"Las tensiones se acentúan cuando los cambios de Gobierno implican giros abruptos en la política sectorial, dificultando la planificación a largo plazo."

Este documento busca aportar al debate público sobre el papel de Ecopetrol y del Estado frente al riesgo que implica la transición energética para el país y está dirigido a tomadores de decisión, sociedad civil y otros actores interesados. Si bien ambos actores han avanzado en esta agenda, persisten desafíos para alinear la estrategia empresarial con las metas de política pública. Este informe identifica dichos desafíos y propone tres principios para abordarlos.

El análisis se basa en la revisión del marco regulatorio y de políticas públicas, así como de los planes de Ecopetrol. También se llevaron a cabo 8 entrevistas con expertos en el sector energético de Colombia, incluyendo exmiembros de la Junta Directiva de Ecopetrol. Para validar y fortalecer el análisis, se realizaron 2 talleres de discusión: uno con organizaciones de la sociedad civil (28 de abril del 2025) y otro con expertos del sector energético y académicos (7 de mayo del 2025). El texto se estructura en cuatro secciones: en la primera se describe el riesgo de transición y se analizan sus implicaciones para Colombia y Ecopetrol; en la segunda se explica por qué gobernar este riesgo requiere intervenciones tanto de Ecopetrol como del Estado; en la tercera se examinan algunas tensiones actuales que obstaculizan una gestión coordinada del riesgo; y la última sección presenta tres principios orientadores y recomendaciones.