Cuatro estrategias para combatir el impacto de las industrias extractivas sobre el medio ambiente en América Latina
Pese a los avances tecnológicos que buscan prevenir impactos ambientales negativos de sus actividades, las industrias extractivas siguen causando importantes daños al medio ambiente en la región. Un nuevo reporte de NRGI, “La Agenda de la Sociedad Civil frente a las Industrias Extractivas en América Latina,” propone cuatro estrategias para combatirlos.
En primer lugar, crear más zonas de exclusión en territorios que son fuentes de agua como glaciares, cabeceras de cuenca, páramos alto, andinos y otros, así como prevenir el acaparamiento de su consumo y la contaminación de sus cursos.
Las industrias extractivas usan solamente entre el 2 por ciento y 8 por ciento del agua disponible en la región, pero su demanda hídrica tiene un impacto significativo en las cuencas en las que se extrae minerales o hidrocarburos. Por ejemplo, cuando la minería desarrolla sus operaciones en cabeceras de cuenca, páramos de altura y bases de glaciares puede destruir la fuente misma del agua. A través de su consumo agudiza el estrés hídrico causado por el calentamiento global y afecta a los anteriores usuarios locales, principalmente los agricultores y las poblaciones rurales que son responsables del 67 por ciento de la producción de alimento en la región.
Las actividades extractivas también contaminan el agua afectando ecosistemas debido a derrames de petróleo y gas y mal manejo de relaves resultantes de la minería. En el Perú, por ejemplo, se han registrado oficialmente más de 150 derrames de petróleo en la Amazonía en los últimos años y hay miles de pasivos ambientales que son fuente permanente de contaminación. Además, en varios países se está impulsando el “fracking” como una nueva fuente de hidrocarburos, siendo Argentina el país con la segunda mayor reserva de gas esquisto en el mundo. El fracking usa mucha agua, la contamina por el uso intensivo de químicos y libera cantidades considerables de gases de efecto invernadero como el gas metano (CH4), el cual puede llegar a ser 86 veces más potente que el CO2.
Una segunda estrategia es la de reducir la contribución de las actividades extractivas a la generación de gases de efecto invernadero que generan el calentamiento global. Para ello, se propone considerar a los bosques como áreas de exclusión para actividades extractivas, pues ellos son nuestros grandes sumideros de carbono. También se deberían utilizar instrumentos fiscales para promover una mayor eficiencia energética y la migración hacia el uso de energías más limpias y renovables.
La deforestación directa causada por la minería informal, ilegal y criminal, y aquella generada por la demanda de nuevos caminos, ductos y plantas procesadoras por la minería y el petróleo formal, contribuyen de manera muy importante a la generación de gases de efecto invernadero. Por el contrario, se estima que los territorios protegidos y particularmente los indígenas ayudan a contener 36 por ciento más CO2 por hectárea que otros bosques. Pero existen medidas impulsadas recientemente por gobiernos (como el brasilero en el caso de Renca) que buscan reducir áreas naturales protegidas en favor de mayor actividad extractiva, expandiendo la deforestación.
Las extractivas también se están convirtiendo en una fuente importante de emisiones debido a sus matrices energéticas pues están ampliamente soportadas en base a la quema de energías fósiles. Por ejemplo, el 81 por ciento de la matriz energética de Bolivia se basa en el gas natural y el petróleo. En Colombia, el extractivo pasó a ser el principal sector económico emisor de gases de efecto invernadero, duplicando sus emisiones en los últimos 15 años. Nuestros países también debieran considerar des-petrolizar sus matrices exportadoras, colocando menos energías fósiles en los mercados internacionales para evitar contribuir a los procesos productivos de los países altamente contaminantes como la China, los Estados Unidos y la Unión Europea.
La cuarta estrategia es comprometer a los gobiernos latinoamericanos a generar y hacer accesible toda la información necesaria para el monitoreo de los impactos extractivos directos e indirectos de las extractivas sobre el medio ambiente. Tener información actualizada sobre el medio ambiente y la fiscalización extractiva facilitará el seguimiento por los expertos, el periodismo y la ciudadanía en general.
Los gobiernos latinoamericanos y las propias empresas necesitan ubicar a las actividades extractivas en el marco de estrategias mayores de uso sostenible de los recursos naturales y combate al calentamiento global. Sin embargo, pese a los progresos tecnológicos en la industria, las políticas de “carrera hacia el fondo”—que promocionan las inversiones extractivas compensando las menores ganancias esperadas con rebajas en los estándares y procedimientos ambientales—están apuntando en el sentido contrario. Este es un curso que es necesario revertir.
Lorena De la Puente es asociada de programa para América Latina en el Natural Resource Governance Institute (NRGI).
